La actividad laboral, los indicios sobre sus ingresos y la carga de cuidado que asume el otro adulto pueden ser suficientes.
La falta de recibos de sueldo o de documentación que permitiera determinar con precisión los ingresos de un padre no impidió que la Justicia fijara una cuota alimentaria para sus cinco hijos. El fallo estableció que, en este tipo de procesos, la capacidad económica puede reconstruirse a partir de distintos elementos, incluso cuando no existe una prueba directa sobre cuánto dinero percibe mensualmente.
La demanda había sido iniciada por la madre de los cinco niños y adolescentes. La mujer sostuvo que, después de la separación, quedó a cargo de la mayor parte de las tareas de crianza y de la organización cotidiana de sus hijos.
Además, explicó que trabajaba de manera informal mientras los chicos permanecían bajo su cuidado y aseguró que los aportes económicos realizados por el padre eran insuficientes y no se efectuaban de manera regular.
El hombre rechazó esa versión. Señaló que cumplía con sus responsabilidades, que colaboraba con vestimenta, útiles escolares, actividades y otros gastos de sus hijos y que, además, mantenía contacto con ellos. También aseguró que sus ingresos eran variables y propuso realizar un aporte mensual acorde con su situación económica.
Al analizar el caso, la jueza de Familia Marina Comas señaló que no existía discusión respecto de la obligación de ambos progenitores de contribuir al sostenimiento de sus cinco hijos. El punto a resolver era cuánto debía aportar el padre.
Uno de los aspectos centrales del fallo fue la distribución de las tareas de cuidado dentro de la familia. De acuerdo con la prueba incorporada al expediente, era la madre quien se ocupaba principalmente de la escolaridad, las actividades extraescolares y la organización diaria de los niños y adolescentes. A eso se sumaban los esfuerzos laborales que realizaba para afrontar los gastos familiares.
La magistrada consideró que esas tareas tienen un valor económico concreto y representan una forma de cumplir con la obligación alimentaria. Por ese motivo, el hecho de que la mujer tuviera trabajo y generara sus propios ingresos no significaba que el padre, que no convivía con sus hijos, quedara liberado de realizar un aporte económico acorde con sus posibilidades.
El fallo remarcó que la mayor carga de cuidado recaía sobre la madre y que ese trabajo cotidiano implica tiempo, organización y desgaste, por lo que debía ser considerado como parte de su aporte al sostenimiento de los hijos.
Uno de los principales inconvenientes del expediente fue establecer cuál era la verdadera capacidad económica del progenitor. No había recibos de sueldo ni documentación que permitiera conocer de manera exacta cuáles eran sus remuneraciones. Sin embargo, durante el proceso surgieron otros datos que permitieron aproximarse a su situación.
La Justicia comprobó que el hombre estaba inscripto como monotributista y distintos testigos coincidieron en que desarrollaba actividades de manera independiente vinculadas con la mecánica, el desarmado y la compraventa de vehículos. Para la jueza, esos elementos podían ser utilizados para evaluar su capacidad de generar ingresos.
En ese sentido, explicó que en los procesos de alimentos no siempre resulta posible obtener una prueba directa y precisa sobre el patrimonio o los ingresos del progenitor obligado. Por eso, la situación económica también puede establecerse mediante indicios, testimonios y presunciones.
Otro aspecto tenido en cuenta fue la actitud que mantuvo el hombre durante el proceso judicial. La magistrada señaló que el progenitor no presentó documentación destinada a demostrar cuál era realmente su situación económica, a pesar de que se encontraba en mejores condiciones que la madre para aportar esa información.
Por ese motivo, consideró que la ausencia de pruebas concretas sobre sus remuneraciones no podía transformarse en un impedimento para establecer una cuota.
“La falta de prueba en concreto sobre las remuneraciones percibidas, no resulta un obstáculo insalvable para disponer una cuota alimentaria”, sostuvo Comas en su resolución. El criterio apunta a evitar que la falta de registración laboral, los ingresos informales o la ausencia de documentación terminen perjudicando a los hijos que necesitan recibir alimentos.
La sentencia también recordó que las necesidades básicas y habituales de niños y adolescentes se presumen. Esto significa que no es necesario presentar comprobantes específicos para demostrar que existen gastos de alimentación, vestimenta, educación, actividades o necesidades vinculadas con la vida cotidiana.
La obligación alimentaria, además, no se limita únicamente a garantizar una subsistencia mínima. Según remarcó el fallo, el aporte debe procurar que los hijos puedan desarrollarse de manera integral y mantener condiciones adecuadas para su crecimiento.
De esta manera, la Justicia concluyó que la inexistencia de un recibo de sueldo o de una cifra exacta sobre los ingresos del padre no era motivo suficiente para dejar sin determinar su obligación económica. La actividad que realizaba, su inscripción como monotributista, los testimonios y el resto de los indicios permitieron establecer que contaba con capacidad para contribuir al sostenimiento de sus cinco hijos.