El personal del dispositivo Ana María Firman desmintió las acusaciones oficiales y denunció irregularidades en el operativo.
Los trabajadores del DIH Ana María Firman, salieron a responder públicamente al Ministerio de Salud de Neuquén y rechazaron las acusaciones de violencia institucional que la cartera sanitaria difundió esta semana. En un comunicado firmado colectivamente, el equipo del dispositivo comunitario de salud mental calificó de "mentira" los dichos oficiales y describió con detalle lo que, según su versión, ocurrió durante los días 19 y 20 de mayo.
Según el personal del DIH, el martes 19 de mayo se presentó en la institución una delegación numerosa integrada por la jefa de Enfermería del Área Confluencia, representantes de la Dirección de Salud Mental, la jefa de Salud Mental, la asesora legal y las jefas de Recursos Humanos y Personal. Los trabajadores señalaron que el grupo ingresó a la vivienda —donde residen los usuarios del dispositivo— "sin golpear la puerta, sin dar explicaciones ni presentarse" a los pacientes.
Según el comunicado, el equipo les solicitó la documentación que respaldaba la intervención y las funcionarias "no pudieron presentar ninguna documentación que avale el accionar". Cuando preguntaron quién asumiría como nueva jefa del DIH, les informaron que sería Malena Campos, coordinadora de Salud Mental del Área Confluencia.
Los trabajadores indicaron que intentaron mantener una reunión solo con Campos, pero que ella se negó. "En ese momento se le comunicó que el equipo le había enviado mensajes y realizado llamadas telefónicas en diferentes momentos de la semana anterior y que ella no había contestado ninguno", señala el texto. Campos habría respondido que no contestó porque estaba en reuniones. Por la tarde, según el personal, llegaron al lugar tres personas más provenientes del Centro Administrativo Ministerial (CAM).
Al día siguiente, el miércoles 20, una nueva delegación volvió al DIH. Esta vez ya no era Campos la designada al frente del dispositivo: en menos de 24 horas la habían reemplazado por Daniela Sosa, de la Dirección de Salud Mental y ex coordinadora del CIPEC. "Con la nueva jefa a la cabeza, rompieron cerraduras y llamar a un escribano público", denunciaron los trabajadores.
El equipo explicó que el DIH funciona desde 2022 y que surgió a partir de una denuncia del Órgano de Revisión y Aplicación de la Ley de Salud Mental por la vulneración de derechos de personas que debían ser externadas. Desde entonces, describieron, trabajan con "personas arrasadas y con una vulneración sistemática de todos sus derechos", con planes de tratamiento individualizados y organizados en etapas: "Garantizar Derechos", "Proyecto de Vida" y "La Vida en Comunidad".
Indicaron que desde su apertura externaron a diez de los 20 usuarios iniciales, incorporaron seis nuevos en 2025 y que actualmente cinco personas están en condiciones de egresar, pero no pueden hacerlo por el déficit habitacional, la irregularidad en el cobro de sus prestaciones económicas y el agravamiento de la situación social.
El personal destacó que el dispositivo cuenta con evaluaciones positivas del Órgano de Revisión y de las Defensorías Oficiales, y dijo no comprender los motivos de la intervención.
También señalaron problemas estructurales que afectan al DIH desde hace tiempo: falta de personal de enfermería, trabajadores precarizados bajo contratos de locación de servicios o planes como Incluir Salud, eventuales con más de dos años de antigüedad y ausencia de concursos. "No tenemos número de efector a pesar de que hace cuatro años que funcionamos", indicaron.
El comunicado cerró con una denuncia directa: "Ingresan a nuestro lugar de trabajo, no se presentan con los usuarios, no golpearon la puerta, rompieron cerraduras, nos dicen que trabajamos mal, convocan a más trabajadores por la tarde como refuerzo, llaman por teléfono al personal precarizado para informarles que no pueden participar de asambleas ni de conferencias de prensa, y los violentos somos nosotros".
Según informó la oficina de prensa de la cartera sanitaria, el conflicto se originó el martes pasado cuando equipos de conducción de la Región Confluencia, junto a autoridades del Ministerio de Salud, se presentaron en el establecimiento para avanzar en una reorganización interna. La decisión había sido tomada debido a que el dispositivo se encontraba sin una persona referente a cargo.
Desde Salud señalaron que el objetivo de la intervención era ordenar el funcionamiento de la casa convivencial y fortalecer el acompañamiento a las personas usuarias del dispositivo. Sin embargo, aseguraron que la respuesta de parte del personal fue “de hostilidad abierta y violencia”.
De acuerdo con los informes elevados por las autoridades intervinientes, los trabajadores involucrados se negaron a participar de una reunión convocada para abordar la situación, además de insultar y descalificar a quienes se encontraban presentes. También rechazaron a la nueva referente designada para el hogar y, según el comunicado oficial, frustraron por completo el desarrollo de la jornada laboral.
La dirección de Salud Mental Comunitaria calificó lo sucedido como “situaciones de violencia verbal e institucional”, y remarcó que uno de los aspectos más preocupantes fue que, mientras se desarrollaba el conflicto, los residentes del lugar quedaron desatendidos.
El comunicado oficial agregó que la situación se agravó al día siguiente. Según indicaron, durante la mañana de ayer se produjo una nueva escalada de tensión cuando se impidió el ingreso al establecimiento. De acuerdo con la versión difundida por la cartera sanitaria, se cerraron todas las puertas del inmueble y se obstaculizó el normal desarrollo del trabajo de las profesionales que debían continuar con las tareas de reorganización.
A raíz de estos episodios, el ministerio resolvió solicitar la apertura de un sumario administrativo contra tres trabajadores del dispositivo, con el objetivo de determinar responsabilidades y evaluar posibles sanciones.
Además, se avanzará en una reorganización integral del funcionamiento de la casa convivencial. Las autoridades sanitarias sostuvieron que el acompañamiento a estos espacios resulta fundamental en una política pública que consideran “incipiente” y que busca consolidar un modelo de atención basado en la integración comunitaria y la desinstitucionalización.
En ese sentido, explicaron que la intervención en el dispositivo perseguía tres objetivos concretos: revisar los planes de acción individuales de las personas usuarias, acompañar los procesos de egreso y nuevas admisiones, y fortalecer la articulación con los efectores del área programática responsables de garantizar los tratamientos y seguimientos.
La casa convivencial “Ana María Firman” funciona como un espacio de acompañamiento para personas con padecimientos mentales que atraviesan procesos de externación. Se trata de usuarios que, luego de haber pasado por internaciones o tratamientos prolongados, avanzan hacia una vida más autónoma dentro de la comunidad.
Desde el ministerio destacaron que estos dispositivos forman parte de la política provincial de salud mental comunitaria y que no deben entenderse como espacios de internación. Su objetivo principal es acompañar el egreso sustentable de las personas usuarias y garantizar condiciones para que puedan desarrollar una vida independiente con apoyos adecuados.