Tras quedar en prisión domiciliaria en un barrio privado, se manifestaron durante dos días para exigir que sea trasladado a una unidad de detención.
La decisión de la Justicia de permitir que el empresario J. R., condenado por un jurado popular por abuso sexual a su hijastra durante 19 años, cumpla prisión domiciliaria en un barrio privado de Neuquén capital desató un fuerte rechazo entre los vecinos.
Indignados, los residentes del sector realizaron un fuerte escrache frente a su vivienda con bocinazos, cacerolazos, huevazos, basura, carteles y pancartas.
Las manifestaciones comenzaron este jueves, apenas se conoció que el condenado había regresado a la vivienda. Un grupo de vecinos se concentró frente al domicilio, hizo sonar las bocinas de los vehículos y arrojó huevos y basura contra la propiedad como forma de protesta.
La movilización continuó este viernes desde las 17, cuando una mayor cantidad de personas volvió a reunirse en las inmediaciones de la casa. En esta oportunidad realizaron un cacerolazo, colgaron carteles y pancartas con mensajes dirigidos a la Justicia.
Durante el reclamo se desplegó un importante operativo policial para custodiar el domicilio y evitar que derivara en daños mayores. Según relataron los vecinos, los efectivos solicitaron a los manifestantes que no provocaran destrozos en el lugar.
En diálogo con Canal 7, uno de los vecinos expresó la indignación que atraviesa al barrio tras la llegada del condenado.
"Los vecinos estamos reunidos porque tenemos conviviendo dentro del barrio a un violador al que tres jueces le dieron prisión domiciliaria en vez de estar en un calabozo hasta que tenga la sentencia firme", afirmó.
El hombre cuestionó que el condenado permanezca en un barrio donde viven numerosas familias con niños.
También aseguró que algunos menores del barrio ya vieron al condenado con la tobillera electrónica.
"Tuvimos que explicarles qué estaba pasando. Es una situación muy difícil para chicos de 8, 9 o 10 años", manifestó.
Los manifestantes insistieron en que el empresario sea trasladado nuevamente a una unidad de detención hasta que se defina la pena que deberá cumplir.
Además, cuestionó el despliegue policial dispuesto para custodiar la vivienda. "Hoy quienes tendríamos que estar protegidos somos los ciudadanos, pero a quien se protege es a un violador que recibió prisión domiciliaria", expresó.
La protesta se produjo luego de que el Tribunal de Impugnación revocara la prisión preventiva que el empresario cumplía en una comisaría y ordenara que regresara a cumplir arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
Los jueces Mauricio Macagno y Federico Sommer, junto con la jueza Liliana Deiub, entendieron que no estaba suficientemente fundamentado por qué la prisión domiciliaria había dejado de ser una medida adecuada, teniendo en cuenta que durante todo el proceso judicial el acusado permaneció bajo esa modalidad sin incumplimientos.
El empresario fue declarado culpable por unanimidad por un jurado popular de abuso sexual con acceso carnal continuado agravado y corrupción de menores. Según la investigación, abusó de su hijastra desde que tenía 7 años y durante casi dos décadas.
La fiscalía y la querella anticiparon que pedirán una condena superior a los 30 años de prisión, que podría llegar hasta los 35 años.
Vecinos del barrio aseguraron que volverán a concentrarse este viernes a las cero horas frente a la vivienda del empresario para insistir con el reclamo de que la Justicia revoque la prisión domiciliaria y disponga su alojamiento en una unidad carcelaria mientras espera la audiencia de cesura en la que se definirá la condena.