El empresario J.R. regresó a cumplir prisión domiciliaria su casa, donde escondía los cuadernos de la perversión. La Fiscalía y la querella pedirán más de 30 años de cárcel.
El empresario condenado por abusar sexualmente de su hijastra durante 19 años volverá a su casa de un barrio privado de Neuquén hasta que se dicte la sentencia que podría llegar a los 35 años de prisión. Así lo decidió el Tribunal de Impugnación que revocó la prisión preventiva que cumplía en una comisaría.
La resolución adoptada por unanimidad por los jueces Mauricio Macagno y Federico Sommer, junto con la jueza Liliana Deiub, hizo lugar al planteo de la defensa de J. R., cuya identidad se mantiene oculta para resguardar a la víctima. Así, rechazaron la postura del Ministerio Público Fiscal y de la querella, que habían pedido tener en cuenta riesgos procesales.
El acusado fue declarado culpable por un jurado popular de manera unánime por ser autor del delito de abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por el resultado dañoso a la salud física y mental de la víctima, por haber sido el encargado de su guarda y por haber aprovechado la convivencia familiar cuando ella era menor de edad, en concurso ideal con corrupción de menores.
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, los abusos comenzaron cuando la víctima era una niña y se extendieron durante casi dos décadas. Los hechos fueron probados durante el juicio mediante testimonios.
Las pruebas también fueron cuadernos de la víctima donde el padrastro le hacía escribir la frecuencia y tipo de abuso sufrido. Principalmente los hechos fueron en la vivienda donde convivieron hasta 2020, aunque también en oficinas de empresas, hoteles durante viajes laborales y hasta en un camión utilizado para transportar mercadería.
Los magistrados consideraron que tanto el juez de garantías que ordenó el traslado a una cárcel como el tribunal que confirmó esa decisión, no explicaron de manera suficiente por qué la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico había dejado de ser una medida adecuada.
Según el fallo, toda medida cautelar debe estar sustentada en criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Para el Tribunal de Impugnación, esos aspectos no fueron desarrollados cuando, tras el veredicto de culpabilidad, se decidió agravar las condiciones de detención del acusado.
Los jueces sostuvieron que durante todo el desarrollo del proceso judicial J. R. permaneció bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica y que el juicio pudo realizarse sin inconvenientes. En ese contexto, entendieron que el cambio hacia una prisión preventiva en una unidad de detención requería una fundamentación más sólida que la expuesta.
"Así como el juicio ha podido seguir adelante con la detención domiciliaria con control electrónico, no se advierte por qué el juez de garantías y el tribunal revisor no han expresado las razones fundadas por las cuales esa medida dejó de ser idónea", señalaron en la resolución.
El argumento del fiscal Maximiliano Breide Obeid y que tuvo aval del juez para cambiar la domiciliaria a prisión preventiva del condenado había sido que ante el veredicto condenatorio se incrementó el riesgo de fuga y el riesgo de entorpecimieto ya que aún queda pendiente el juicio de cesura que define la pena.
Durante la audiencia de impugnación, el fiscal jefe Mauricio Zabala, quien está de turno durante la feria judicial, pidió que se rechazara la impugnación presentada por la defensa bajo los mismos lineamientos que su compañero.
Su principal argumento también fue que el escenario procesal cambió completamente luego del veredicto unánime de culpabilidad dictado por el jurado popular. Explicó que antes del juicio el riesgo estaba vinculado a garantizar la realización del debate, mientras que ahora el peligro radica en asegurar el cumplimiento efectivo de una condena que, por la gravedad de los delitos, no podrá ser inferior a 15 años de prisión.
Para la Fiscalía, ese nuevo contexto hacía insuficiente la prisión domiciliaria con control electrónico y justificaba el alojamiento del condenado en una unidad carcelaria hasta la audiencia de cesura, en la que se definirá el monto de la pena. Como habían anticipado a LM Neuquén la pena que pedirá fiscalía ronda los 30 años, siendo que el máximo de la escala penal podría ser 35 años y constituiría un hito en la provincia.
El abogado querellante Carlos Caroselli, representante de la víctima, acompañó el planteo del Ministerio Público Fiscal y también solicitó que se mantuviera la prisión preventiva. "Hoy tenemos temor de que se escape porque no tiene nada para perder, se corta el dispositivo y se va a ir", manifestó a LM Neuquén. "Si mañana se llega a escapar, ¿quién va a dar explicaciones?", insistió.
"Estamos ante un pedófilo que abusó por casi 20 años, es una persona peligrosa", sumó y afirmó: "Ya tiene una sentencia de culpabilidad, se ha fortalecido el peligro de fuga a nuestro criterio".
El letrado aseguró que, en disconformidad con la decisión, impugnará la medida y llevará el caso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) "para que no quede como un precedente". Además, indicó que pedirá el máximo de pena.
Hasta el 8 de agosto el condenado dormirá en la misma habitación donde ocultó los cinco cuadernos aportados como prueba del abuso sexual durante 19 años a su hijastra. Estuvieron guardados durante más de 20 años en la planta alta dentro del armario que los investigadores terminaron abriendo con una orden judicial.
Durante el juicio los cuadernos transformaron en una de las pruebas más contundentes para acreditar la teoría de la fiscalía: que J.R. construyó un sistema de manipulación que le permitió abusar sexualmente de su hijastra desde que tenía 7 años hasta los 26.
Durante las diez jornadas del juicio, la fiscalía no describió los abusos como hechos aislados, sino como parte de un sistema construido durante casi dos décadas. Cuando en realidad le generaba un daño psicológica y físico espeluznante, su padrastro se hacía pasar por un médico con poderes espirituales.
El contenido exacto de los cuadernos no puede ser develado por protección a la víctima. Durante el juicio, la prueba fue incorporada por una efectivo del Seguridad Personal de la Policía quien indicó qué dice cada uno de los cuadernos. A su vez testigos declararon sobre la existencia de los cuadernos y el contenido.
En su alegato de apertura, Breide Obeid definió al acusado como "un manipulador". Todas las pruebas aportadas dieron cuenta de que había creado un universo propio, con reglas que imponía puertas adentro de la familia que había que mantener bajo secreto, clave para mantener silenciada a la víctima.