ATEN repudió el episodio y las docentes suspendieron las actividades hasta que se acuerde un nuevo protocolo de seguridad.
Lo que debía ser una jornada diferente para compartir por el Día del Estudiante terminó con un grupo de docentes denunciando malos tratos durante el ingreso al Servicio Penitenciario N°5 de Senillosa, una maestra atravesando una crisis de angustia y un pico de presión que obligó a trasladarla al hospital, y la decisión de suspender las actividades hasta que se realice una reunión entre las autoridades educativas, penitenciarias y representantes de ATEN.
Adriana Gómez tiene 49 años, hace 23 que es docente y este es su segundo año trabajando en la escuela primaria para adultos que funciona dentro de la unidad penitenciaria. Según relató a LM Neuquén, el episodio ocurrió cuando un grupo de aproximadamente 30 docentes llegó al penal con alimentos que habían sido previamente autorizados para realizar una actividad especial con los estudiantes.
“Habíamos llevado pizzas, budines, gaseosas, íbamos a hacer un día distinto”, contó Adriana. La actividad había sido planificada con anticipación y, según explicó, los regentes de la escuela habían presentado una nota para solicitar al jefe del servicio penitenciario la autorización correspondiente para ingresar la comida.
La rutina de ingreso, sin embargo, fue diferente a la habitual. Las docentes hicieron la fila y comenzaron a ingresar de a dos, como ocurre habitualmente durante los controles. Pero, según el relato de Adriana, desde el comienzo notaron un trato que no era el acostumbrado.
“Ya desde la entrada vimos actitudes que no correspondían”, contó. Según explicó, el personal penitenciario comenzó a levantarles la voz y a darles órdenes, mientras organizaba el ingreso y revisaba los alimentos.
La docente aseguró que las pizzas y los budines fueron manipulados y abiertos durante el procedimiento, incluso con utensilios y sin guantes. Las trabajadoras de la educación entendían que debían ser controladas y que los alimentos tenían que coincidir con el listado previamente autorizado, pero cuestionaron la manera en que se realizó la requisa.
“Ellos tenían un listado y solo tenían que ver si coincidía lo que llevábamos. No tenían que manipular y romper los alimentos”, sostuvo Adriana.
El momento más angustiante para ella ocurrió después, cuando llegó el turno de pasar por el denominado bodycam. Se trata de un sistema de control por el que las personas permanecen de pie mientras son sometidas a un escaneo corporal. Adriana explicó que ese procedimiento había dejado de utilizarse con los docentes hacía tiempo y que, según lo que conocían, no estaba previsto para ese ingreso.
La maestra relató que fue la primera vez que pasó por ese dispositivo y que recibió indicaciones de manera “muy mala” respecto de cómo debía colocarse. Le indicaron que levantara los brazos y abriera las piernas y luego comenzó el procedimiento.
Cuando la cinta se detuvo, Adriana permaneció parada esperando que le indicaran que podía retirarse. Pasaron varios minutos y, al advertir que sus compañeros continuaban ingresando, preguntó si ya había terminado.
“Me dice: ‘No, no, quedate un rato más’, de manera prepotente”, relató sobre la respuesta que obtuvo de una de las mujeres que trabaja en la cárcel.
Finalmente le indicaron que bajara y la hicieron sentar en un sector mientras continuaba el ingreso del resto de los docentes. Adriana aseguró que nadie le explicó por qué debía permanecer allí ni qué estaba ocurriendo.
“Cuando veo que mis compañeros pasan, ahí me empiezo a poner nerviosa y le pregunto por qué estoy sentada acá. Y no me dan respuesta”, relató.
Según su testimonio, en determinado momento una de las trabajadoras penitenciarias le informó que el jefe hablaría con ella. Esa situación aumentó su preocupación porque no entendía cuál era el motivo de la retención.
La angustia creció cuando desde afuera sus compañeros comenzaron a llamarla: “Salí, Adri”. Adriana intentó salir, pero las puertas del penal permanecían cerradas. Los docentes no tienen acceso ni control sobre las puertas de la unidad, por lo que tuvo que esperar hasta que alguien finalmente le abrió.
“Yo estaba con un ataque de nervios porque no sabía lo que estaba pasando”, recordó.
Una vez fuera del penal, las regentes de la escuela realizaron un acta para dejar constancia de lo sucedido. También se presentaron dos jefes de la penitenciaría, quienes escucharon a las docentes. Según Adriana, los responsables del establecimiento señalaron que conocían que el grupo ingresaría alimentos porque la actividad había sido autorizada, pero que no estaban al tanto de cómo se desarrollaría el procedimiento realizado por el personal que estaba a cargo de la requisa.
La docente aseguró que los jefes les pidieron disculpas y anticiparon que tomarían medidas respecto del personal que intervino durante el ingreso.
Sin embargo, el episodio tuvo consecuencias para Adriana. Al retirarse del lugar comenzó a sentirse mal y fue trasladada al hospital de Senillosa, donde le constataron una presión arterial de 19.3. Además, presentaba angustia y una crisis nerviosa. Fue atendida por un médico, que le indicó reposo durante el resto de la semana, y también recibió contención del equipo psicosocial del hospital.
“Yo sola fui al hospital, pero las demás también se fueron llorando por la situación”, contó.
Desde ATEN Senillosa emitieron un comunicado en el que expresaron su solidaridad con las trabajadoras de la Escuela Primaria de Adultos (EPA) N°15, que funciona bajo la modalidad de contexto de encierro, y repudiaron lo que definieron como “hechos de violencia” por parte del personal del complejo penitenciario.
El gremio sostuvo que las docentes habían ingresado alimentos previamente autorizados y denunció malos tratos verbales, gritos y el incumplimiento del protocolo acordado para la comunicación con el personal docente y los controles correspondientes.
También cuestionó específicamente la situación de la docente que fue retenida luego de pasar por el bodycam y que posteriormente debió ser hospitalizada.
Ante lo ocurrido, las docentes resolvieron suspender las actividades dentro del complejo penitenciario hasta que se realice una reunión con los directivos de la escuela, supervisores del Consejo Provincial de Educación (CPE), autoridades penitenciarias y representantes de ATEN.
El gremio reclamó además a la Dirección de la Modalidad de Contexto de Encierro que diseñe y haga cumplir un nuevo protocolo de seguridad para los docentes que trabajan dentro del complejo, y pidió la intervención de la ministra de Educación, Soledad Martínez, para garantizar el resguardo físico y psicológico del personal.
“Los estudiantes tienen el derecho de conocer otras cosas, de pasar un día distinto”, sostuvo al referirse a las personas privadas de su libertad que concurren a la escuela.
En ese sentido, planteó que la tarea educativa parte de reconocer a los internos como estudiantes y de ofrecerles oportunidades de aprendizaje que, en muchos casos, no tuvieron antes de ingresar al sistema penitenciario.
“Ellos ya han sido juzgados, nuestro trabajo es enseñarles quizás aquellas cosas que no tuvieron la oportunidad de conocer afuera”, afirmó.
Mientras se espera la reunión entre las distintas autoridades, las clases permanecerán suspendidas. Las docentes buscan que el próximo ingreso al penal pueda realizarse bajo pautas claras y acordadas previamente, tanto para los controles de seguridad como para el trato y la comunicación con quienes trabajan diariamente dentro del establecimiento.
El episodio, además, generó preocupación entre las trabajadoras porque, según Adriana, no sería la primera vez que reciben malos tratos durante los procedimientos de ingreso.