El caso salió a la luz tras las denuncias de las familiares de las chicas, y permitió dar con una peligrosa red de engaños.
Una investigación judicial iniciada en la ciudad cordobesa de Deán Funes permitió desarticular una organización dedicada al grooming, extorsión y abuso digital de menores, que utilizaba redes sociales como principal vía de contacto. El caso se activó tras una serie de denuncias que expusieron un patrón repetido de engaño.
Con el avance de la causa, surgió un dato clave: el presunto líder coordinaba las maniobras desde una cárcel de la provincia de Buenos Aires.
El expediente revela un esquema delictivo estructurado, con roles definidos y una metodología que combinaba suplantación de identidad, manipulación psicológica y amenazas.
A partir de los allanamientos realizados en distintos puntos del país, la Justicia intenta ahora reconstruir el alcance total de la red y detectar posibles nuevos implicados.
El punto de partida del mecanismo era la construcción de confianza. Los integrantes de la banda tomaban el control de cuentas reales de tiendas de ropa en redes sociales, lo que les permitía presentarse como marcas legítimas ante adolescentes.
Desde esos perfiles, iniciaban contacto con jóvenes con la excusa de participar en campañas o promociones. En ese contexto, solicitaban fotos en bikini o ropa similar, bajo el argumento de evaluar su imagen para supuestas acciones comerciales.
Ese primer paso funcionaba como anzuelo. Una vez que obtenían material, la situación cambiaba de forma abrupta. La organización pasaba a una fase de extorsión directa, donde exigía acceso a cuentas personales, contraseñas y contenido íntimo adicional.
Según la reconstrucción judicial, los pedidos escalaban rápidamente hacia situaciones de extrema gravedad, incluyendo exigencias de material sexual explícito y prácticas degradantes, bajo amenaza de difundir las imágenes ya obtenidas. Las víctimas quedaban atrapadas en un circuito de presión constante, sin margen de reacción.
El avance de la investigación permitió identificar al presunto cabecilla: un hombre de 29 años alojado en el penal de Sierra Chica, con antecedentes por delitos contra la integridad sexual. A pesar de su situación de detención, coordinaba las maniobras con apoyo externo.
La causa también expone la participación de al menos dos mujeres, quienes cumplían un rol central en el contacto inicial con las víctimas. Una de ellas se encontraba detenida, mientras que la otra permanecía en libertad al momento de los operativos.
El trabajo conjunto entre la Brigada de Investigaciones de Ischilín, especialistas en cibercrimen y el Ministerio Público Fiscal permitió reconstruir esta dinámica y vincular a los sospechosos con las denuncias.
Este esquema confirma que la organización no actuaba de manera aislada, sino que contaba con una red operativa fuera del sistema penitenciario, lo que facilitaba la continuidad de los delitos.
Por orden de la fiscal Analía Cepede, se realizaron allanamientos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, incluyendo el propio establecimiento penitenciario de Sierra Chica.
También hubo procedimientos en Temperley, Rafael Calzada y La Plata, donde se secuestraron teléfonos, computadoras y otros dispositivos relevantes.
El análisis de estos elementos busca determinar la magnitud completa del caso, identificar nuevas víctimas y establecer si existen más personas involucradas en la red.
Desde la investigación se subraya la extrema gravedad del delito, que afecta directamente a niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. El uso de cuentas hackeadas y perfiles falsos de una banda dificulta la detección temprana y potencia el alcance de estas maniobras.