Este 16 de septiembre se cumplió un año más de la mal llamada "Revolución Libertadora" que bombardeó al propio pueblo, derrocó un gobierno elegido y excluyó de la vida pública a una mayoría.
El 16 de septiembre de 1955 un sector de las Fuerzas Armadas se sublevó contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. La Marina amenazó con bombardear las destilerías de La Plata y Dock Sud y atacar nuevamente a la población civil. En Córdoba, tropas rebeldes, comandos civiles armados y fuerzas leales combatían en las calles. Perón tenía fuerzas suficientes para continuar la lucha, pero decidió detenerla para evitar una guerra civil. Tres meses antes, el país había conocido hasta dónde podían llegar los golpistas: el 16 de junio aviones navales habían arrojado catorce toneladas de bombas sobre Buenos Aires y asesinado a más de trescientas personas.
La autodenominada Revolución Libertadora no fue un hecho inesperado. Fue el resultado de una conspiración política, eclesiástica, civil y militar que se preparó durante meses y tuvo antecedentes de violencia desde 1953. Derrocó a un presidente elegido en 1951 con el 63,5 por ciento de los votos, disolvió el Congreso, intervino las provincias y los sindicatos, prohibió el peronismo y persiguió a sus militantes. Con el golpe comenzó una proscripción que duraría dieciocho años y condicionaría la vida política argentina durante décadas.
La Iglesia católica en 1946 había acompañado el ascenso de Perón al poder. Existía un amplio campo de coincidencias. El peronismo se inspiraba en la Doctrina Social de la Iglesia y proponía una tercera posición frente al individualismo capitalista y el colectivismo comunista. En diciembre de 1945, una carta pastoral del Episcopado desaconsejó votar a los partidos que sostenían la separación entre la Iglesia y el Estado, una definición que favoreció a Perón frente a la Unión Democrática.
El gobierno cumplió además una antigua aspiración eclesiástica. En 1947, la ley 12.978 estableció la enseñanza católica en las escuelas públicas, con instrucción moral para los alumnos cuyos padres profesaran otra religión. Evita apoyó públicamente la medida y mantuvo una relación cercana con el sacerdote jesuita Hernán Benítez, que la acompañó hasta su muerte.
Sin embargo, desde 1952 la relación comenzó a resquebrajarse. Hubo causas políticas, sociales y religiosas. Sectores conservadores de la Iglesia miraban con rechazo la movilidad social que había producido el peronismo. La revista católica Criterio llegó a describir a las masas peronistas como “gentuza” y “hato animal”, y sostuvo que la dignificación popular no dependía de tener lavarropas, cocina a gas o acceso al cine. El recelo también creció frente a la devoción popular por Evita, la expansión de la Unión de Estudiantes Secundarios y la disputa por la organización de trabajadores y jóvenes. En 1954 la Iglesia respaldó la formación del Partido Demócrata Cristiano, que Perón interpretó como un instrumento político opositor.
El gobierno respondió con dureza. En noviembre de 1954 Perón acusó públicamente a sacerdotes y organizaciones católicas de conspirar. Luego se suprimió la enseñanza religiosa, se eliminaron subsidios a instituciones confesionales, se redujeron feriados religiosos y se clausuró el diario católico El Pueblo. A ello se sumaron las leyes de divorcio vincular y de profilaxis social. El conflicto, que podía haberse contenido, se convirtió en una confrontación abierta.
Esa nueva situación permitió reunir bajo una misma bandera a sectores que tenían poco en común: conservadores, radicales, socialistas, comunistas, nacionalistas y grupos católicos. Félix Lafiandra hijo, protagonista y recopilador de los panfletos opositores, reconocería después que los católicos comprendieron que la campaña religiosa podía generar un descontento amplio y resolvieron emprender “una lucha a muerte contra la tiranía”. Según su propia descripción, consiguieron que la oposición pasara de una actitud estática a una “oposición dinámica” y crearon el clima que condujo al derrocamiento.
La violencia antiperonista no comenzó en 1955. El 15 de abril de 1953 estallaron dos bombas durante una concentración sindical en Plaza de Mayo. Murieron seis personas y noventa resultaron heridas, algunas mutiladas. Los artefactos habían sido colocados por un grupo de jóvenes opositores vinculados al ambiente universitario. Meses después, otro núcleo preparó la llamada Operación Bebé: un atentado para matar a Perón mediante un vehículo cargado con explosivos.
En ese ambiente nacieron los comandos civiles. Fueron organizaciones clandestinas con estructura celular, responsables de grupo, nombres falsos, sistemas de citas e imprentas ocultas. Sus integrantes recibían instrucción en armas, explosivos, sabotaje y corte de comunicaciones. Provenían principalmente de familias de clase media y alta, colegios católicos y universidades. Los apadrinaban oficiales antiperonistas que les suministraban armas y entrenamiento, mientras sectores del poder económico colaboraban con su financiamiento.
Se veían a sí mismos como los maquis de la resistencia francesa contra el nazismo. La comparación no era casual. Desde 1945 buena parte de los estudiantes, intelectuales y profesionales había interpretado al peronismo como una prolongación local del fascismo europeo. En nombre de una imaginaria liberación de París en Buenos Aires, aceptaron combatir a un gobierno constitucional y eligieron como aliados a los sectores que querían restaurar el país anterior a 1943.
El conflicto con la Iglesia multiplicó su capacidad de movilización. Los grupos católicos organizaron redes para imprimir y distribuir miles de volantes, custodiar templos, intervenir en manifestaciones y enviar propaganda a los militares. Uno de sus organizadores fue el hermano marista Septimio Walsh, recordado por sus camaradas como “el rey del mimeógrafo clandestino”.
Los panfletos comenzaron como una prensa opositora frente al control gubernamental de los medios. Es necesario decirlo: la política de acallar voces críticas no fue inteligente. Años después Perón resumiría aquella paradoja: “Con toda la prensa en contra ganamos, y con toda la prensa a favor nos derrocaron”. Pero esos escritos pronto dejaron de ser simples instrumentos de denuncia y se convirtieron en manuales de acción violenta.
En marzo de 1955 ya llamaban a reunir armas, formar grupos por manzana y preparar fuego cruzado. Un texto ordenaba: “Defender casa por casa, calle por calle, templo por templo. Tirar sin asco a matar ”. El periódico clandestino Verdad enseñaba incluso a fabricar bombas molotov. Otros volantes estaban dirigidos especialmente a oficiales y soldados para convencerlos de rebelarse.
El mediodía del 16 de junio de 1955, Radio Mitre fue ocupada por comandos civiles y difundió una proclama escrita de antemano: “El tirano ha muerto. Nuestra patria desde hoy es libre. Dios sea loado”. Perón no había muerto. Quienes morían eran empleados, estudiantes, pasajeros de colectivos y transeúntes sorprendidos por las bombas en pleno centro de Buenos Aires.
El ataque comenzó a las 12.40. Veintiocho aviones de la Aviación Naval descargaron alrededor de catorce toneladas de explosivos sobre la Casa Rosada, Plaza de Mayo y distintos puntos de la ciudad. Una bomba cayó sobre un trolebús y mató a decenas de pasajeros. También fueron atacados el Departamento de Policía, la CGT y la residencia presidencial, ubicada donde hoy se levanta la Biblioteca Nacional. Los pilotos ametrallaron desde el aire a civiles que circulaban por las calles o se acercaban al centro.
El objetivo declarado era matar a Perón y a todo su gabinete. Pero para asesinar al Presidente no era necesario bombardear una ciudad abierta. La verdadera intención era producir un hecho espectacular que destruyera la voluntad de resistencia de millones de trabajadores. Los comandos civiles pintaban una V con una cruz y la consigna Cristo Vence. La utilización de ese símbolo mostraba cuánto se había mezclado la disputa religiosa con la conspiración militar.
El Archivo Nacional de la Memoria identificó 308 muertos y advirtió que debía agregarse un número incierto de cuerpos imposibles de reconocer por las mutilaciones y la carbonización. Hubo además centenares de heridos. Entre los participantes del levantamiento aparecen nombres que reaparecerían en otros golpes y en la dictadura iniciada en 1976: Emilio Massera, Guillermo Suárez Mason, Osvaldo Cacciatore y Oscar Montes, entre muchos otros.
Esa noche fueron incendiados la Curia y varios templos del centro porteño. Nada justifica la profanación y quema de iglesias. También es necesario recordar que Perón había pedido por radio que los trabajadores volvieran a sus casas y no respondieran a la provocación. Sin embargo, el relato posterior consiguió invertir el orden de los acontecimientos. Durante décadas se habló mucho más de “la quema de las iglesias” que del bombardeo que había dejado más de trescientas víctimas unas horas antes.
Los panfletos opositores llegaron a responsabilizar a Perón y a la CGT por la matanza. Sostuvieron que el gobierno debía haber evacuado la ciudad, aunque la Marina no había enviado ningún ultimátum ni advertido que bombardearía. La acusación ocultaba el dato esencial: quienes arrojaron bombas de cien kilos y dispararon contra civiles fueron aviadores argentinos. Después del fracaso huyeron a Uruguay, donde fueron recibidos y asistidos como héroes.
Perón habló esa misma tarde y pidió serenidad: “Para no ser nosotros criminales como ellos, les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. La lucha debe ser entre soldados y no quiero que muera un solo hombre más del pueblo”. Esa frase explica buena parte de su conducta durante los noventa días siguientes.
El bombardeo afectó profundamente a Perón. El general Franklin Lucero recordó que al día siguiente el Presidente planteó por primera vez su intención de alejarse del poder. Durante los meses siguientes osciló entre el llamado al diálogo, la decepción ante las conspiraciones militares y los discursos duros destinados a contener a una base popular que reclamaba una respuesta más firme.
El 30 de junio renovó gran parte del gabinete y desplazó a funcionarios identificados con la confrontación. Luego anunció una tregua política y ofreció acceso a la radio a dirigentes opositores. Arturo Frondizi utilizó ese espacio para pronunciar un discurso severo contra el gobierno. Perón buscaba descomprimir el conflicto; los conspiradores interpretaron cada concesión como una señal de debilidad.
El 31 de agosto, ante una multitud reunida en Plaza de Mayo, abandonó el tono conciliador y pronunció su frase más desafortunada: “A una acción violenta le contestaremos con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de ellos”. La amenaza fue utilizada durante décadas como prueba de una supuesta decisión represiva. Sin embargo, la concentración terminó en calma y en los días posteriores no se registró ningún acto violento por parte de militantes peronistas.
La CGT ofreció trabajadores como reservistas del Ejército. No proponía crear una fuerza paralela, sino convocar a quienes habían cumplido el servicio militar y legalmente integraban la reserva. Lucero agradeció el ofrecimiento, pero el Poder Ejecutivo nunca lo hizo efectivo. A esa altura, el sostén principal del gobierno seguía siendo la clase trabajadora organizada y una parte del Ejército. La Marina, sectores de la Aeronáutica, oficiales del Ejército, la oposición política, grupos católicos y los comandos civiles ya estaban comprometidos con el golpe.
La sublevación comenzó el 16 de septiembre. En Córdoba, el general Eduardo Lonardi encontró apoyo en grupos civiles armados. Entre 1.500 y 3.000 jóvenes participaron en acciones contra las fuerzas leales y la policía. Muchos habían sido formados en colegios y asociaciones católicas. El sacerdote Quinto Cargnelutti fue uno de sus referentes; testimonios de la época lo ubican distribuyendo armas en la iglesia del Pilar.
Los comandos ocuparon posiciones, actuaron como francotiradores y colaboraron con las unidades rebeldes. Llevaban brazaletes blancos y armas de todo tipo. Sus protagonistas se pensaban como una “juventud blanca” que salvaba a la sociedad de la decadencia. Detrás de esa imagen heroica también había un profundo desprecio social, era una guerra contra “los negros peronistas” y algunos se jactaron de “ver su sangre correr por las veredas de Córdoba.”
Las tropas leales comandadas por el general Iñiguez avanzaron sobre la ciudad. El 18 de septiembre habían tomado la estación ferroviaria y Alta Córdoba y se preparaban para atacar el centro de la ciudad . Disponían de fuerzas suficientes para derrotar la sublevación, pero el combate urbano podía convertir Córdoba en un río de sangre y causar la muerte de centenares de civiles mal armados, la mayoría de ellos estudiantes secundarios y universitarios.
Al mismo tiempo, la Marina bombardeó Mar del Plata y amenazó atacar la destilería de La Plata, Dock Sud y sectores de Buenos Aires. Los jefes leales informaron a Perón que la situación militar aún era favorable. El Presidente recordó el horror de la Guerra Civil Española que costo un millón de muertos y sostuvo que no aceptaría la destrucción de ciudades y la muerte de miles de argentinos para defender su cargo. Aplicó su doctrina: primero la Patria, después el Movimiento y por último los hombres.
Ordenó detener la lucha y regresar a los cuarteles. El 19 de septiembre le dijo a su ayudante, el mayor Máximo Cialceta: “Entre el tiempo y la sangre, prefiero el tiempo. Si hemos sido malos no volveremos, pero si hemos sido buenos vamos a volver”. No fue una rendición personal ante una derrota militar, sino la decisión de evitar una guerra civil cuyo desenlace nadie podía prever.
Sus enemigos lo acusaron de cobardía. Meses después, Perón le respondió a Pedro Eugenio Aramburu desde el exilio: “Para usted, hacer matar a los demás en defensa de la propia persona y de las propias ambiciones es una acción distinguida de valor. Para mí, el valor no consiste, ni consistirá nunca, en hacer matar a los otros. (…) Si tiene dudas sobre mi valor personal, que no consiste como usted supone en hacer que se maten los demás, el País tiene muchas fronteras; lo esperaré en cualquiera de ellas para que me demuestre que usted es más valiente que yo. Lleve sus armas, porque el valor a que me refiero, sólo se demuestra frente a otro hombre y no utilizando las armas de la Patria para hacer asesinar a sus hermanos. Y sepa para siempre que el valor se demuestra personalmente y que, por ser una virtud, no puede delegarse. Hágalo, sólo así me podría probar que no es la gallina que siempre conocí".
La historia demostraría que los vencedores no tuvieron la misma consideración por la sangre ajena.
El golpe se presentó como una cruzada destinada a restaurar la República. Sus primeras medidas mostraron otro propósito. El gobierno constitucional fue reemplazado por una dictadura; el Congreso y las legislaturas fueron disueltos; las provincias, universidades y sindicatos quedaron intervenidos. Miles de funcionarios y docentes fueron cesanteados. Se persiguió, encarceló y torturó a militantes y dirigentes sindicales.
El decreto 4161 de 1956 prohibió mencionar a Perón y Evita, exhibir sus imágenes, cantar la marcha peronista o utilizar los símbolos del movimiento. El cadáver de Eva Perón fue secuestrado y ocultado. En junio de 1956, el levantamiento encabezado por el general Juan José Valle fue reprimido con fusilamientos militares y ejecuciones clandestinas de civiles. La mal llamada Libertadora inauguró así un sistema político que pretendía construir una democracia sin la fuerza electoral mayoritaria.
También modificó el rumbo económico. La Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, se devaluó la moneda, se deterioraron los salarios y se desmontaron instrumentos del Estado creados para orientar el comercio y la producción. La frase atribuida al contralmirante Arturo Rial frente a dirigentes municipales resume el espíritu social de muchos vencedores: “La Revolución Libertadora se hizo para que en este bendito país el hijo del barrendero muera barrendero”.
No todos los opositores de 1955 mantuvieron luego las mismas posiciones. Muchos jóvenes católicos, radicales, socialistas y universitarios que participaron en la agitación antiperonista terminaron acercándose al peronismo o enfrentando las dictaduras posteriores. Algunos sufrieron en sus propias familias el terrorismo de Estado. Ese recorrido obliga a evitar explicaciones fáciles: la historia está hecha por hombres y mujeres que cambian, revisan sus ideas y también padecen las consecuencias de los mecanismos que ayudaron a poner en marcha.
El golpe de 1955 no resolvió la grieta argentina. La agravó. Al proscribir al peronismo cerró la vía electoral para millones de ciudadanos y alimentó dieciocho años de resistencia, conspiraciones militares y creciente violencia política. Quienes dijeron venir a restaurar la democracia inauguraron una época en la que las Fuerzas Armadas se atribuyeron el derecho de decidir qué gobiernos y qué ciudadanos podían participar de ella.
Perón eligió el tiempo antes que la sangre. Dieciocho años después regresó al país y volvió a ser elegido presidente. Buscó entonces cerrar la vieja fractura y se reconcilió con adversarios como Arturo Frondizi, Oscar Alende, Vicente Solano Lima y Ricardo Balbín.
La lección de 1955 sigue siendo incómoda y necesaria: ninguna diferencia política justifica bombardear al propio pueblo, derrocar un gobierno elegido ni excluir de la vida pública a una mayoría. Cuando una parte de la sociedad pretende borrar a la otra, la libertad que proclama termina convertida en proscripción y violencia.