La medida de fuerza fue convocada por CTERA para este lunes en todo el país.
El paro docente convocado para este lunes es el comienzo de una nueva pelea entre el Gobierno de Javier Milei y los sindicatos del sector. La medida de fuerza tendrá alcance nacional y afectará el comienzo de la semana en establecimientos públicos de distintas provincias.
La huelga fue impulsada por CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación) y busca visibilizar sus reclamos por la situación de la educación pública. La organización ratificó la convocatoria pese a las advertencias difundidas durante el fin de semana por el Ministerio de Capital Humano.
La cartera conducida por Sandra Pettovello anunció un operativo para supervisar el funcionamiento de las escuelas durante la protesta. Los controles quedarán bajo la responsabilidad de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
El conflicto se desarrolla bajo las disposiciones de la Ley 27.802, que incorporó a la educación entre los servicios considerados esenciales. Esa condición obliga a sostener una prestación mínima incluso durante una huelga nacional.
El Ministerio de Capital Humano informó que realizará inspecciones muestrales en establecimientos educativos de diferentes jurisdicciones. El objetivo será determinar si las organizaciones sindicales cumplen con el nivel de actividad exigido por la legislación.
La norma establece que las guarderías, jardines de infantes, escuelas primarias, colegios secundarios y educación especial forman parte de los servicios esenciales. Durante una medida de fuerza, la cobertura no puede ubicarse por debajo del 75% de la prestación habitual.
El Gobierno pretende comprobar si las escuelas del país mantienen ese piso durante el paro. Los establecimientos elegidos para las inspecciones no fueron informados con anticipación, ya que el operativo tendrá carácter muestral.
Capital Humano también advirtió que la detección de irregularidades permitirá activar los procedimientos administrativos correspondientes. En esos casos, la Secretaría de Trabajo podrá avanzar con posibles sanciones contra las entidades responsables del incumplimiento.
La gestión cotidiana de las escuelas corresponde principalmente a las provincias. Sin embargo, el Poder Ejecutivo sostuvo que conserva facultades de fiscalización frente a una protesta nacional que afecta un servicio incluido dentro de la normativa laboral.
El Consejo Federal de Educación analizó las medidas necesarias para sostener el 75% del servicio y ordenar las inspecciones.También se discutieron mecanismos de coordinación entre las provincias y la Secretaría de Educación durante la jornada.
Las autoridades señalaron que el propósito del operativo es proteger el derecho a la educación y ofrecer previsibilidad a las familias. Desde Capital Humano pidieron que docentes, directivos y demás integrantes del sistema respeten las obligaciones previstas por la ley.
El Ministerio recordó que las jurisdicciones administran sus propios establecimientos. Al mismo tiempo, remarcó que el Estado nacional debe intervenir como garante del acceso de los estudiantes a las clases.
La aplicación de la Ley 27.802 incorpora otro punto de tensión al conflicto con CTERA. Mientras el Ejecutivo busca hacer cumplir la prestación mínima, el gremio sostiene que la huelga resulta necesaria para exponer sus reclamos laborales y educativos.
Los gremios docentes vinculados con la Confederación General del Trabajo resolvieron no sumarse al paro. En cambio, anunciaron un plan de lucha con otras acciones dentro de los establecimientos.
La propuesta incluye trabajo a reglamento y clases informativas sobre la situación de la educación pública. También contempla una movilización, aunque su destino todavía debe definirse en el gobierno, entre el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación.