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Caso Manuel Adorni: la productora de Marcelo Grandio siguió cobrando de la TV Pública durante el escándalo

La empresa Imhouse siguió recibiendo pagos del Estado mientras la Justicia investigaba los contratos y el viaje a Punta del Este.

El 9 de abril pasado, exactamente un mes después de que estallara la polémica por el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este en un avión privado junto a su amigo Marcelo Grandio, la productora Imhouse cobró $3.012.900 de Radio y Televisión Argentina (RTA) por la emisión del programa "Enredados" en el streaming de la TV Pública.

El dato surge de las órdenes de pago emitidas por RTA a las que accedió el diario La Nación, y reaviva las preguntas sobre el vínculo entre el jefe de Gabinete y el conductor que tenía contratos con el Estado.

El programa, los contratos y los pagos

"Enredados" comenzó a emitirse en septiembre de 2025 bajo la conducción de Grandio, con foco en el universo digital. El contrato, firmado el 29 de agosto de ese año, contemplaba 20 capítulos distribuidos por las plataformas Twitch, YouTube, Facebook e Instagram de la TV Pública.

Según la documentación, la productora recibía al menos $900.000 más IVA por capítulo. Una vez superado ese monto mínimo, los ingresos publicitarios se repartían en partes iguales entre Imhouse y RTA.

Los pagos registrados son concretos: en enero de este año, la productora cobró $2.323.200; en marzo, otros $2.758.800; y el 9 de abril —en pleno escándalo mediático y judicial— recibió $3.012.900. La primera factura, correspondiente a septiembre de 2025, había sido por $3.600.000 más IVA.

Polémico viaje a Punta del Este Manuel Adorni fue denunciado por enriquecimiento ilícito money_with_wings
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La causa judicial tiene en la mira un total de seis contratos. Los tres primeros están vinculados al ciclo "Giros en Línea Recta", un programa de entrevistas en el que el propio Adorni participó como entrevistado siendo vocero presidencial. Los restantes corresponden a "Enredados", al streaming "La Sala" y al programa radial "La Caja de Pandora", emitido por Radio Nacional.

Todos los contratos llevan la firma de Carlos María Curci González, interventor de los Medios Públicos, y de Horacio Silva, presidente de Imhouse. Silva es un nombre clave en la investigación: según el testimonio del broker Agustín Issin Hansen, fue él quien pagó en efectivo el vuelo de regreso desde Punta del Este. El juez Ariel Lijo ya ordenó analizar las comunicaciones de Silva y Grandio para determinar si existió coordinación antes y después de la firma de los contratos.

Las contradicciones del jefe de Gabinete

Adorni intentó tomar distancia del asunto en más de una oportunidad. En su informe de gestión ante el Congreso, su jefatura sostuvo por escrito que RTA no había realizado pagos a Imhouse. Los documentos judiciales contradicen esa afirmación de manera directa.

Ante los legisladores, el jefe de Gabinete apeló a un argumento formal: aseguró que no existe contrato entre la TV Pública y "el periodista Marcelo Grandio". La aclaración es técnicamente cierta —el contrato está a nombre de Imhouse—, pero la empresa fue fundada por Grandio en 2016. Desde 2020, figuran como directivos su hijo Juan Grandio y el propio Horacio Silva.

Adorni también negó haber participado en los expedientes administrativos. Sin embargo, la cadena de mando es clara: en junio de 2024, siendo vocero, anunció públicamente que los medios públicos pasarían a depender del área de Comunicación, bajo su órbita directa. En ese momento, la Jefatura de Gabinete estaba a cargo de Guillermo Francos.

La plata que recibió Adorni de Imhouse

La Justicia también analiza transferencias bancarias que la productora de Grandio le realizó al propio Adorni. Suman alrededor de $1.600.000 y se repartieron entre finales de 2022 y todo 2023, antes de que asumiera como vocero. "Es mi amigo de la vida", repite el funcionario cada vez que le preguntan por Grandio.

La documentación completa está en poder de la Justicia en una causa conexa a la de enriquecimiento ilícito. Desde el entorno de RTA señalaron que los contratos, desde el punto de vista formal, no presentan irregularidades. La investigación judicial, no obstante, avanza.

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