La Casa Rosada sospecha que se filtró información reservada del litigio con el fondo Burford en Nueva York. La gestión de Santiago Castro Videla inició una reestructuración institucional con más de 60 desvinculaciones.
El Gobierno nacional investiga una posible filtración de información confidencial relacionada con el litigio internacional por la expropiación de YPF. La causa se tramita en la justicia de Estados Unidos, y el fondo Burford Capital reclama una indemnización por la estatización de la petrolera. Según confirmaron fuentes oficiales, se iniciaron medidas internas en la Procuración del Tesoro, incluyendo más de 60 despidos.
La Procuración del Tesoro emitió un comunicado oficial donde anunció “una inmediata reestructuración institucional para eficientizar su funcionamiento” y contribuir “a la reducción del gasto público”. En ese marco se produjeron las desvinculaciones, además de la reducción de seis a cuatro direcciones nacionales dentro del organismo y la disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.
Desde la Casa Rosada indicaron que las medidas se adoptaron tras detectar posibles filtraciones de material reservado vinculado a la causa YPF. “Se está haciendo una purga. Creemos que hubo filtraciones en el caso YPF”, señalaron voceros oficiales. Según las fuentes, se sospecha que el fondo Burford pudo haber accedido a información estratégica del Estado argentino.
La investigación está a cargo del procurador adjunto Santiago Castro Videla, designado en febrero tras la salida de Rodolfo Barra. Los voceros explicaron que no hay pruebas concluyentes sobre el destino final de la filtración, pero calificaron como “razonable” la hipótesis de que la información haya sido vendida a alguna de las partes involucradas en el litigio.
En paralelo, el Gobierno evitó hacer señalamientos directos, aunque trascendieron referencias al paso del exprocurador Carlos Zannini por el organismo durante la gestión de Alberto Fernández. En las últimas horas, se reactivó una causa judicial que involucra a Zannini por supuestas irregularidades durante el proceso de reestatización de YPF.
Este martes, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ordenó la suspensión preventiva la entrega del 51% de las acciones de YPF. Este giro judicial se da luego de una reunión que se dio entre las partes involucradas este lunes, de la cual informaron mostrarse de acuerdo a la suspensión de manera preliminar de los efectos de la orden emitida por la jueza Loretta Preska.
Por la expropiación de la petrolera, Preska había ordenado a la Argentina el pago de la sentencia de US$16.000 millones. Según indicó la jueza estadounidense, el país no cumplió con los requisitos previos que le habían permitido acceder a la suspensión del fallo dictado en septiembre de 2023, sin necesidad de presentar garantías.
En sus inicios, el juicio tuvo como protagonistas a los fondos Petersen y Eton Park, que fueron accionistas de YPF al momento de la expropiación. Petersen, que luego entró en quiebra, cedió sus derechos de litigio al fondo Burford Capital a través de su subsidiaria Prospect Investments LLC. Ambos fondos aseguran que Argentina violó el estatuto de la empresa al tomar el control de más de la mitad de las acciones sin lanzar una oferta pública obligatoria al resto de los accionistas.
En 2023, la jueza Loretta Preska les dio la razón y condenó a Argentina a pagar más de 16 mil millones de dólares, aunque el fallo aún no está firme y fue apelado por el Estado nacional.
El pedido de Burford consiste en quedarse con el 51% de las acciones que actualmente posee el Estado argentino en la petrolera.