El Gobierno de Javier Milei pretende recortar personal de planta permanente en la administración.
El Gobierno Nacional aprobó un plan de retiros voluntarios para empleados de la Administración Pública Nacional centralizada, con compensaciones que pueden alcanzar los 25 sueldos brutos según la edad, la antigüedad y los aportes jubilatorios de cada trabajador.
La medida se oficializó por decreto y estará disponible durante noviembre. El Ejecutivo pretende recortar personal de planta permanente en la administración.
La convocatoria estará abierta del 1 al 30 de noviembre, con una posible prórroga de hasta 30 días corridos, y las estimaciones oficiales indican que unos 20.000 empleados podría adherir.
El régimen quedó establecido en el Decreto 1203/2026, publicado el lunes 19 de octubre, y contempla la eliminación de los cargos de quienes se desvinculen, por lo que esas bajas no podrán utilizarse para justificar nuevas incorporaciones.
La medida alcanza a trabajadores de planta permanente y contratados por tiempo indeterminado de la administración centralizada, mientras quedan fuera, entre otros sectores, las fuerzas militares y de seguridad, Inteligencia, el Servicio Exterior, Manejo del Fuego, docentes y elencos artísticos nacionales.
La situación previsional puede impedir la adhesión, ya sea porque el trabajador inició la jubilación o porque cumple los requisitos para obtenerla; para las mujeres que optaron por continuar en actividad, la norma considera cumplida la edad a los 65 años.
Impiden la adhesión los procesamientos vigentes por delitos contra la administración pública y los sumarios que puedan derivar en cesantía o exoneración o investiguen un perjuicio fiscal. Quedan excluidos quienes estén en disponibilidad, tengan una renuncia pendiente o cursen el cuarto año de licencia por largo tratamiento.
Los reclamos laborales contra el Estado requieren un desistimiento expreso, salvo los vinculados con riesgos del trabajo, en tanto que los delegados y candidatos gremiales deben presentar una renuncia a esa representación o postulación, condicionada a la aprobación del retiro.
La edad se tomará al 31 de octubre y el cálculo utilizará la remuneración bruta habitual y solo la antigüedad en planta permanente o contratos por tiempo indeterminado dentro de la Administración Pública Nacional.
El primer grupo comprende a mujeres desde los 58 años y varones desde los 63 que no tengan aportes suficientes para jubilarse. Podrán optar por cobrar el 60% del sueldo bruto por hasta 36 meses o hasta reunir los requisitos jubilatorios, lo que ocurra primero, con aportes previsionales y de obra social.
La alternativa es una gratificación de un sueldo por año de antigüedad o fracción superior a tres meses, limitada a 18 remuneraciones y al equivalente de los meses que falten para jubilarse.
El segundo grupo incluye a mujeres de 58 a 64 años y varones de 63 a 64, con al menos 30 años de aportes, que recibirán un sueldo por año reconocido, con los mismos límites, más cinco remuneraciones adicionales.
Para mujeres de hasta 57 años y varones de hasta 62, el tercer grupo prevé un sueldo por año o fracción superior a tres meses, con un máximo de 20. Se agregan cuatro sueldos con menos de 15 años en planta permanente y cinco desde esa antigüedad, lo que permite alcanzar el máximo de 25.
Las gratificaciones únicas de hasta $20 millones se abonarán en un pago y los montos superiores se distribuirán en hasta tres cuotas mensuales, con el saldo restante en la última y sin reemplazar la liquidación final.
Cada jurisdicción podrá rechazar solicitudes por necesidades de servicio y tendrá 40 días corridos desde el día hábil siguiente al cierre para resolverlas; vencido el plazo sin aceptación expresa, el pedido quedará rechazado y el vínculo laboral continuará.
Quienes accedan no podrán trabajar en el Sector Público Nacional por ocho años, con excepción de cargos docentes en universidades nacionales, y el incumplimiento interrumpirá las cuotas pendientes y obligará a restituir las sumas que correspondan.