La defensa del financista hizo la solicitud a la Justicia. El financista tiene un embargo por $900 millones.
La defensa de Elías Piccirillo, exmarido de Jesica Cirio pidió que la Justicia habilite la feria judicial de invierno para resolver dos planteos patrimoniales pendientes. El financista cumple prisión domiciliaria en Banfield y busca obtener autorización para alquilar una propiedad ubicada en Nordelta.
Los abogados sostienen que el alquiler permitiría generar ingresos destinados al mantenimiento de Piccirillo y su familia. También solicitaron una revisión de los embargos, la inhibición general de bienes y la caución real dispuesta dentro del expediente.
Los pedidos forman parte de la causa que investiga un presunto operativo armado contra Francisco Hauque y su esposa, Anahí Aquino. El expediente se encuentra a cargo del juez federal Ariel Lijo. La defensa reclama una decisión antes de agosto y cuestiona la demora registrada durante los últimos meses.
Piccirillo solicitó permiso para alquilar un departamento del complejo residencial Yacht Nordelta. La presentación busca que el inmueble produzca una renta mientras el empresario permanece bajo arresto domiciliario con vigilancia electrónica.
La defensa explicó que los ingresos tendrían un destino alimentario. El dinero serviría para cubrir las necesidades del imputado y de su grupo familiar, incluida una hija menor de edad. Por ese motivo, los abogados consideran que el pedido necesita una respuesta durante la feria judicial.
La solicitud original fue presentada el 30 de junio junto con un planteo para terminar con la prisión preventiva. Sin embargo, el tribunal todavía no resolvió la cuestión patrimonial. El comienzo del receso judicial podría trasladar la definición hasta agosto si el juez no habilita la feria.
Los abogados también informaron que la falta de empadronamiento del inquilino generó intimaciones formales. El locatario y su representante legal advirtieron sobre una posible presentación dentro del expediente y reservaron el derecho de iniciar un reclamo contra Piccirillo.
El financista tiene un embargo millonario por $900 millones. La causa también incluye medidas sobre tres inmuebles de Nordelta, una inhibición general de bienes y una caución real de $100 millones.
La defensa considera que esas restricciones resultan excesivas frente al objetivo del proceso. Por eso, pidió reducir el embargo a $200 millones y reemplazarlo por un depósito judicial ofrecido con anterioridad.
Los abogados también reclamaron el levantamiento de las anotaciones vinculadas con los inmuebles, la devolución de la caución y el fin de la inhibición general. Su argumento sostiene que existen bienes suficientes para responder ante una eventual decisión judicial.
El escrito distingue entre la posibilidad de vender una propiedad y la facultad de alquilarla. El embargo permanece vinculado al valor del inmueble aunque exista un contrato de alquiler. La inhibición, por su parte, limita la venta o la constitución de gravámenes, pero no impediría administrar la propiedad ni cobrar una renta.
La defensa cuestionó la demora del tribunal y señaló que los planteos patrimoniales no modifican la situación procesal de Piccirillo. También sostuvo que la falta de una decisión afecta la economía familiar del imputado.
El fiscal federal Franco Picardi se opuso al pedido para terminar con la prisión domiciliaria. La decisión final quedará en manos del juez Ariel Lijo, responsable del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 11.
Como alternativa, los abogados solicitaron cambiar el domicilio donde se cumple la medida. Piccirillo permanece en un departamento de Banfield, pero pretende trasladarse a la vivienda de su pareja, Florencia Epelbaum, ubicada en Núñez. La defensa pidió mantener esa dirección bajo reserva.
En otra presentación, el exmarido de Jésica Cirio denunció supuestas filtraciones y un presunto hostigamiento mediático. Sus abogados afirmaron que algunas decisiones y diligencias del expediente se difundieron antes de que recibieran la notificación formal.
Piccirillo está acusado dentro de la investigación por el procedimiento realizado en el Palacio Duhau. La hipótesis judicial indica que policías detuvieron a Hauque y Aquino durante un operativo en el que presuntamente colocaron un arma y dos kilos de cocaína.