La iniciativa fue impulsada por la senadora Juliana Di Tullio con el objetivo de mantener la vigencia las restricciones para extranjeros al comprar tierras.
El bloque justicialista del Senado de la Nación dio un nuevo paso en el plano legislativo al presentar formalmente un proyecto de ley destinado a derogar el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23. La iniciativa parlamentaria busca restituir de forma plena la vigencia de la Ley de Tierras, la norma nacional que establece restricciones expresas y límites normativos para que las empresas extranjeras puedan adquirir tierras rurales en el territorio argentino.
El proyecto de ley fue impulsado de manera conjunta por la senadora Juliana Di Tullio, junto a los principales referentes de las bancadas en la Cámara Alta: el titular del bloque del PJ, José Mayans, y el presidente de la bancada de Justicia Federal Social, Fernando Salino.
La decisión de promover esta propuesta legislativa por parte del peronismo se produjo como respuesta directa tras el reciente fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En dicho pronunciamiento judicial, el máximo tribunal dejó firme la validez del artículo 154 del DNU 70/23 emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, el cual disponía de forma taxativa la derogación de la Ley de Tierras.
Dentro de los fundamentos técnicos y políticos vertidos en el texto de la iniciativa, los legisladores firmantes remarcaron de forma categórica el valor estratégico del territorio nacional. "El suelo no es una mera mercancía sujeta a las leyes de la oferta y la demanda, sino un recurso natural estratégico, finito y estrechamente ligado a la seguridad nacional, el desarrollo productivo y la autodeterminación de los pueblos", sostuvieron expresamente en los argumentos que acompañan la propuesta.
En ese mismo sentido, los senadores advirtieron sobre las consecuencias directas que conlleva la falta de regulaciones sobre la propiedad en zonas rurales. Según precisaron, la eliminación de la Ley de Tierras mediante un DNU "expone al país a la especulación inmobiliaria internacional sobre sus activos más preciados, tales como las fuentes de agua dulce, las zonas fronterizas y las tierras agrícolas".
Asimismo, el proyecto contiene duras críticas hacia la postura asumida por el máximo tribunal de justicia del país al validar la medida del Ejecutivo. "Es inaceptable que la Corte le niegue legitimación a quienes arriesgaron su vida en defensa de la Patria y sostenga que la soberanía territorial no es un bien colectivo", cuestionaron con firmeza los senadores del PJ.
Frente a este escenario, los parlamentarios afirmaron que "ante esta desprotección judicial", se vuelve imprescindible que "el Congreso Nacional debe asumir de manera urgente su responsabilidad constitucional como garante del dominio público".
El debate sobre la validez del DNU 70/23 acumula ya un extenso recorrido dentro del Poder Legislativo. La Cámara de Senadores rechazó el decreto del Gobierno en marzo de 2024; sin embargo, el texto dictado por el Ejecutivo nacional se mantiene plenamente vigente debido a que la Cámara de Diputados nunca trató el decreto, el cual contiene la reforma de unas 300 leyes nacionales, entre las que figuran normativas como la Ley de Alquileres, la Ley de Góndolas y el paquete general de desregulación de la economía.