Londres rechazó la decisión argentina de recurrir a la Convención del Mar para frenar el proyecto Sea Lion y enviará una nota diplomática.
La disputa por las Islas Malvinas volvió a generar tensión entre Argentina y el Reino Unido luego de que el gobierno de Javier Milei resolviera iniciar un arbitraje internacional contra Londres por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur. El procedimiento busca frenar el desarrollo del proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
En un comunicado difundido este miércoles 30 de septiembre, la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, cuestionó la decisión argentina de recurrir al mecanismo de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).
Según planteó la funcionaria británica, la medida representa un nuevo intento de “socavar los derechos y los medios de vida” de los habitantes de las islas. Además, el Gobierno británico informó que convocó a la embajadora argentina en el Reino Unido, Mariana Plaza, para entregarle una nota diplomática.
La reacción de Londres se produjo luego de que Milei instruyera a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno argentino a iniciar el procedimiento internacional contra el Reino Unido.
La presentación impulsada por Buenos Aires tiene como objetivo impedir la explotación de hidrocarburos vinculada al proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. A su vez, la Argentina busca evitar nuevas autorizaciones para la explotación de recursos naturales en sectores de la plataforma continental que el país reclama como propios.
El Gobierno argentino sostiene que esas actividades avanzan sobre recursos ubicados en un área cuya soberanía es objeto de una disputa histórica entre ambos países. El mecanismo elegido por la administración de Milei es el arbitraje contemplado en el Anexo VII de la Convención del Mar.
Desde Londres, en cambio, Kumaran sostuvo que los habitantes de las islas “han elegido libre y democráticamente su futuro” y afirmó que tienen derecho a desarrollar y administrar sus recursos naturales “sin intimidación, coerción o interferencia” de terceros.
El Gobierno británico también sostuvo que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la plataforma continental de las islas se encuentran reguladas por las leyes locales y que, según su posición, se realizan de conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Pero el comunicado británico también vinculó el nuevo conflicto por los hidrocarburos con la relación bilateral entre ambos países.
Kumaran afirmó que el Reino Unido dejó claro esta semana ante la embajadora argentina que los intentos de impedir actividades económicas que Londres considera legales en las islas “no son actos de compromiso internacional responsable”, sino acciones que, según su interpretación, buscan afectar “la prosperidad y la seguridad económica” de una población autogobernada.
La disputa por los recursos hidrocarburíferos se suma así a la controversia de soberanía que Argentina y el Reino Unido mantienen por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.