El nombramiento interino encendió una fuerte polémica en un tribunal federal de La Rioja. La causa principal sobre el magistrado sigue paralizada.
Un escándalo sacude a la justicia federal de la provincia de La Rioja. El juez Jorge Gamal Abdel Chamía, denunciado por una empleada por acoso sexual y violencia laboral, firmó la designación de Daniela Belén Herrera Piedrabuena Iturbe. Ella es hija del magistrado que tiene a cargo la investigación en su contra, como jefa de Despacho del tribunal.
El nombramiento figura en el Acuerdo 18/2026, del 15 de octubre, y fue interino. Lo firmaron Chamía y su colega Mario Eduardo Martínez, ambos integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de La Rioja. El tercer miembro, José Quiroga Uriburu, votó en contra. La abogada es hija de Daniel Herrera Piedrabuena, titular del Juzgado Federal de La Rioja.
La denunciante es María Emilia Galván, oficial judicial del mismo tribunal e hija del exsenador radical Raúl Alfredo Galván. Según su relato, en 2023 sufrió acoso sexual y maltrato laboral por parte del magistrado. Entre otros episodios, afirma que en un ascensor él se burló de que no viviera sola y que le hizo comentarios sobre su aspecto en un casamiento. También sostiene que desaprobaba de forma sistemática sus proyectos de trabajo.
La denuncia se presentó en Comodoro Py y el juez federal Daniel Rafecas se declaró incompetente, por lo que la causa pasó a La Rioja. Allí quedó en el juzgado de Herrera Piedrabuena, que delegó la investigación en el fiscal Rafael Vehils Ruiz, aunque sigue tomando las decisiones del expediente. Según fuentes judiciales, la causa está paralizada: el fiscal aún no definió si pide instrucción o desestima la denuncia. El juzgado anticipó que el juez se apartaría si se abre la pesquisa.
La defensa de Chamía, a cargo del abogado Emilio Pagotto, rechazó las acusaciones. Habló de una "falsa denuncia" y de una maniobra para justificar inasistencias o conseguir teletrabajo.
La vacante quedó libre cuando la contadora Ana Agustina Aguilar fue ascendida a prosecretaria administrativa. La jefatura de Despacho tiene un salario de al menos 5 millones de pesos, según publicó Infobae. Martínez y Chamía defendieron a la designada por sus antecedentes académicos, su formación en perspectiva de género y su paso previo por el tribunal, donde fue escribiente entre 2019 y 2023.
Quiroga Uriburu planteó que el reglamento de ascensos obliga a priorizar a los trabajadores de la categoría inmediatamente inferior sin sanciones en los últimos 12 meses. Galván era la primera en esa línea, pero este año recibió sanciones por inasistencias, entre ellas una suspensión de 20 días. Como alternativa, propuso al escribiente Nicolás Rolando Alvares, con 19 años de servicio y al menos 18 ascensos interinos.
Alvares pidió la nulidad del nombramiento por vulnerar su derecho a la carrera administrativa. Lo respalda la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). Su secretario general en la Regional 9, Juan Pablo Tripputi, criticó la incorporación de "paracaidistas", como se llama a quienes llegan desde afuera a cargos jerárquicos. Si el recurso se rechaza, el gremio recurrirá a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Magistratura.
El caso reaviva el debate sobre nepotismo. Un informe de la organización ACIJ de 2024 señaló que Herrera Piedrabuena empleó en su juzgado a una cuñada, un concuñado, dos yernos y un primo, y que prácticas similares tendrían otros 45 jueces del país.
En paralelo, los jueces del TOF suspendieron de manera provisoria cualquier nueva medida disciplinaria contra Galván y enviaron el conflicto laboral a la Corte Suprema para una decisión definitiva. Las acusaciones contra Chamía son, por ahora, denuncias que no tienen resolución firme.