{# #} {# #}
No pudo justificarlo y el intendente firmó su expulsión. También se quedó sin empleo un hombre con 163 ausencias.
El intendente de Esquel, Matías Taccetta, decidió desvincular a dos empleados municipales de esa ciudad de Chubut que, en reiteradas ocasiones, incumplieron con su obligación de asistir al trabajo. La medida se formalizó mediante dos resoluciones, tras una investigación administrativa que derivó en las sanciones correspondientes.
En el primer caso, una empleada de planta temporaria, con categoría 6 en el escalafón municipal, perteneciente a la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, acumuló un año y tres meses de inasistencias sin justificación.
El sumario correspondiente fue tramitado por la Dirección de Administración de Personal, ahora denominada Dirección de Capital Humano, y culminó con su expulsión, ratificada por Taccetta mediante la resolución 1491.
El segundo caso involucró a un empleado de planta permanente, categoría 3, que trabajaba en la Secretaría de Ambiente. Este agente acumuló 163 faltas injustificadas, una cifra que también motivó la intervención administrativa y su posterior expulsión, oficializada a través de la resolución 1915 firmada por el jefe comunal.
En relación con estas medidas, el intendente subrayó la importancia del compromiso con la función pública: «Los empleados municipales son servidores públicos de los vecinos de Esquel. Sus sueldos se pagan con el aporte de cada contribuyente. Debemos honrar nuestro trabajo, ser responsables ante la comunidad y brindar el mayor esfuerzo cada día», expresó.
Por su parte, la directora de Gobierno, Rocío Ferre, explicó que las desvinculaciones fueron resultado de sumarios administrativos iniciados durante la gestión anterior y concluidos recientemente.
“Los sumarios los lleva adelante Asesoría Legal, que recaba la información necesaria, como certificados médicos no convalidados o presentados fuera de término. Luego, Asesoría propone una resolución, y la Junta de Admisión, Reclamos y Disciplina, integrada por funcionarios, representantes de ATE y SOEME, analiza estos temas y decidió hacer lugar a la cesantía de estos dos empleados”, indicó Ferre en diálogo con FM Del Lago.
La funcionaria destacó que esta junta no solo está conformada por funcionarios municipales, sino también por representantes gremiales. “Yo la presido, pero participan compañeros de gabinete y de los gremios. Los sumarios administrativos llevan un proceso en el que se investiga la situación y se permite la defensa del empleado”, aclaró.
“En uno de los casos había certificados no convalidados, que fueron presentados fuera de término, en el otro hubo cambio de áreas que no fueron convalidadas por el superior inmediato, así que inmediatamente se inició el sumario administrativo”, detalló Ferré.
La funcionaria puntualizó que ya en 2018 a uno de los sumariados se le había suspendido el pago de haberes, una de las sanciones que se establecen ante incumplimientos reiterados. “En la actualidad le pusimos el cascabel al gato y se dispuso su cesantía”, completó.
Sobre los controles del personal, explicó que cada empleado tiene un jefe directo responsable de supervisar su asistencia y desempeño.
“Capital Humano utiliza un sistema de marcación que registra la presencia o ausencia del trabajador. Si alguien marca asistencia pero no está físicamente presente, el jefe de área debe reportarlo. Este sistema incluye notificaciones por llegadas tarde y un control permanente del personal”, manifestó.
Por último, destacó la rigurosidad en el seguimiento del personal en Esquel: “Aquí no hay personas perdidas. A diferencia de lo que se detectó en el censo provincial, en Esquel mantenemos un registro constante y actualizado del personal”, concluyó.
Las dos expulsiones difundidas en Esquel, gobernada por un alcalde del mismo signo político que el gobernador Ignacio Torres, se dan en un contexto en el que se están haciendo importantes cambios en el funcionamiento de la administración pública provincial, fundamentalmente orientado a eliminar contratos irregulares.
Con ese objetivo, en este 2024 el gobierno provincial realizó un censo obligatorio -al que hizo referencia Ferré- entre los empleados públicos provinciales, después del cual se anunció la reducción de más de 160 cargos políticos en las distintas áreas del Estado, y la detección de unos 1200 contratos de personas que no cumplían regularmente con sus funciones.
Recientemente, además, la legislatura chubutense aprobó la llamada Ley 3x1, que establece que hasta 2027, para poder contratar un nuevo empleado público en la administración provincial, previamente se tiene que producir tres vacantes.