El juez federal Sebastián Ramos lo imputó por violación de domicilio y resistencia a la autoridad. La misma resolución alcanzó al militante Valentín Peralta.
El diputado nacional Juan Grabois quedó procesado por la toma del Instituto Perón ocurrida en junio de 2025, en el primer avance penal concreto en su contra por este tipo de acciones de protesta. La resolución se conoció este sábado.
La decisión la firmó el juez federal Sebastián Ramos, que lo imputó por los delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad. En el mismo fallo dispuso un embargo de $5 millones sobre el dirigente social.
Según la reconstrucción judicial —basada en testimonios, material audiovisual y documentación recolectada durante la investigación—, el dirigente ingresó sin autorización al edificio, que en ese momento estaba cerrado y bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.
El magistrado sostuvo que permaneció cerca de dos horas en el interior del inmueble. Además, le atribuyó un rol activo: habría incitado a los manifestantes a sostener la ocupación y a resistir el operativo policial, pese a las advertencias de las autoridades.
La medida llega tras meses de planteos de la defensa, que intentó frenar el expediente con nulidades y apelaciones desde su detención en 2025.
El fallo también alcanzó a Valentín Peralta, señalado como otro de los participantes de la ocupación. En su caso, el juez describió conductas de mayor confrontación directa, al atribuirle agresiones físicas contra los efectivos durante el intento de desalojo.
La causa incorporó documentación médica que registra lesiones en varios agentes —entre ellas traumatismos craneales y contusiones múltiples— atendidos en el Hospital Churruca. Esas constancias son uno de los elementos centrales para sostener la imputación por resistencia a la autoridad.
El episodio ocurrió el 7 de junio de 2025, en un clima político tenso, días antes de que la Corte Suprema confirmara la condena en la causa Vialidad contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La ocupación del antiguo edificio —espacio simbólico del peronismo, donde funcionaba el instituto de estudios históricos— fue leída como una protesta de alto impacto. Su desarrollo derivó en incidentes que motivaron la intervención de las fuerzas de seguridad.
Desde la defensa, la lectura es sustancialmente distinta. Los abogados sostienen que el dirigente no actuó como militante ni instigador, sino en su rol profesional de abogado, vinculado a una cooperativa que administraba un espacio contiguo: el bar "Un Café con Perón".
Con esa línea argumental, la defensa busca desmarcar su conducta de la figura penal de usurpación o permanencia ilegítima, y trasladar el foco a la asistencia legal en un contexto de conflicto. El avance del procesamiento indica que, al menos en esta etapa, el juzgado consideró suficientes las pruebas reunidas.
La investigación había nacido de una denuncia de la ministra Pettovello, de quien depende el inmueble. En paralelo, sigue pendiente en la Corte Suprema un recurso de la defensa para evitar la apertura del teléfono celular secuestrado al dirigente al momento de su arresto.