La Justicia estadounidense favorece así la posición de Argentina tras el pedido formalizado por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.
Este miércoles, la Cámara de Apelaciones de Nueva York aceptó el pedido del Gobierno argentino y ordenó detener de forma temporal todos los procesos judiciales relacionados al juicio con YPF.
La medida, según se conoció, se extenderá hasta que se resuelva la apelación central por la expropiación de la petrolera, promovida por el Estado nacional.
Esta decisión judicial responde a una solicitud elevada por la Procuraduría del Tesoro, que había pedido la suspensión de las investigaciones en suelo estadounidense.
El planteo argentino había sido presentado por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, donde solicitó frenar el avance de investigaciones y procedimientos en torno a la ejecución de la sentencia dictada contra Argentina en 2023.
A través de su cuenta de X, Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, compartió una parte del escrito de la decisión de la Cámara de Apelaciones. "El panel votó a favor de conceder la moción para suspender el proceso de descubrimiento (discovery) de pruebas posterior a la sentencia y los procedimientos posteriores ante el tribunal de distrito", indicó.
"Esto puede ser una señal de que los mismos jueces de la Cámara van a resolver el tema, y van a laudar sobre la cuestión de fondo. Como la van a decidir pronto, dicen, 'no tiene sentido seguir con toda una serie de audiencias que estaban previstas en el contexto del discovery’”, agregó.
Esta resolución de la Cámara representa un alivio para el país, que enfrenta reclamos multimillonarios de fondos litigantes tras la estatización de la petrolera en 2012.
Este tribunal es clave en la causa, ya que tiene la potestad de confirmar, modificar o revocar la sentencia que condenó a la Argentina al pago de una cifra millonaria por la expropiación de YPF. Su decisión de conceder la suspensión implica que, por el momento, no se podrán ejecutar reclamos ni avanzar en investigaciones adicionales.
Por otro lado, la Cámara suspendió otra apelación de oficio. Todo ello, hasta que se resuelva la apelación que la Argentina hizo sobre el fallo original, que condenó al país a pagar US$16.000 millones.
El procedimiento que ahora se suspende es una etapa en la que los beneficiarios del fallo, ante la falta de pago de la Argentina, buscan individualizar activos del país que se puedan embargar. Para ello, piden información de todo tipo al Gobierno.
Entre las solicitudes que hicieron los fondos Petersen y Eton Park, patrocinados por Burford, estuvieron los pedidos de acceso a los chats, mails y otras comunicaciones de funcionarios actuales y futuros.
La Procuración indicó que ya produjo 115.000 páginas de documentación y que facilitó aproximadamente 37 horas de testimonio de siete funcionarios de alto rango y que, pese a eso, los demandantes continúan haciendo más requerimientos.
Del lado opuesto, los fondos reiteraron en su última presentación que la Argentina podría haber suspendido el discovery durante el trámite de la apelación si hubiera depositado las garantías que había fijado la jueza de primera instancia.
El país desistió de hacerlo y, por ello, los beneficiarios del fallo podían continuar con el proceso previo a los embargos mientras avanzaba la apelación primaria.