Serán sancionados por el Gobierno Nacional por haber incumplido con la conciliación obligatoria el día de la huelga general.
Este lunes se conoció que el Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, avanzará con multas millonarias sobre dos gremios por haberse adherido al último paro nacional el pasado 19 de febrero.
Las penalidades se deben a que ambas organizaciones sindicales participaron de la medida de fuerza impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT) pese a que se encontraban bajo un proceso de conciliación obligatoria.
De esta forma, fuentes oficiales indicaron a Infobae que los sindicatos La Fraternidad y Unión Tranviarios Automotor (UTA) deberán pagar: 21 mil millones de pesos el gremio de conductores de locomotoras, y el de choferes de colectivos, 70 mil millones de pesos.
Estas cifras fueron calculadas en los respectivos sumarios que se les iniciaron a ambos gremios luego de que adhirieran al paro general de la CGT en el marco de la antesala de la discusión parlamentaria por la reforma laboral.
Según el Ministerio de Capital Humano, la adhesión al paro implicó una violación a la normativa laboral vigente, en especial por tratarse de servicios considerados esenciales para el funcionamiento del transporte público. La medida establece un precedente relevante y podría escalar en un enfrentamiento de mayor intensidad entre el Poder Ejecutivo y el sindicalismo.
Desde Noticias Argentinas indicaron que las sanciones económicas fueron aplicadas tras una instrucción directa del presidente Javier Milei para penalizar a los sindicatos que desoyeron las conciliaciones dictadas antes de la protesta.
La CGT ya anticipó su rechazo a las multas contra los dos gremios del transporte y atribuyó la medida del Gobierno a un acto de "persecución política y sindical".
“Lejos de perseguir las legítimas acciones gremiales de los sindicatos, amparadas por la Constitución Nacional y propias de un país donde se ejerce la libertad sindical, el Gobierno debería preocuparse mejor en reaccionar ante la escalada indetenible del cierre de empresas, del aumento escandaloso del desempleo y la caída brutal del valor adquisitivo del salario y las jubilaciones”, indicaron.
"Tienen que saber que es con trabajo que se disminuye la conflictividad social, no con persecución política y sindical", resaltaron.
La Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, verificó el desacato de ambos sindicatos a la conciliación obligatoria el 19 de febrero pasado y dio inicio a sumarios administrativos.
El comunicado de Capital Humano para anunciar esta decisión dijo que "las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212, conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado".
Las multas económicas, que se graduarán según la fecha exacta de la infracción y el universo de trabajadores implicados, serían solo una de las consecuencias. La ley prevé además la posibilidad de quitar la personería a los sindicatos que violen la conciliación obligatoria.
La Fraternidad, encabezada por Omar Maturano, interpretó que la conciliación obligatoria sólo regía para su propio conflicto salarial y no podía aplicarse a una protesta general de la CGT por otros motivos.
Por su parte, la UTA, bajo la dirección de Roberto Fernández, argumentó que en esos días la conciliación obligatoria había sido dispuesta únicamente para el conflicto salarial de los choferes de colectivos del interior y no para los trabajadores del AMBA.