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La Justicia ordenó un operativo en el marco de la causa que investiga las 96 muertes en el país.
En el marco de la investigación que se lleva adelante por el fentanilo contaminado que ya causó la muerte de 96 personas en Argentina, este lunes se llevan a cabo nuevos allanamientos.
En horas del mediodía, la Justicia allana la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) y a siete funcionarios investigados por orden del juez Ernesto Kreplak.
Los operativos son por presunta falta de control a HLB Pharma, el laboratorio involucrado en la causa, así lo informó TN. Entre los domicilios allanados se encuentran los de la administradora de la ANMAT, Agustina Bisio; la ex titular del INAME, Gabriela Mantecón Fumado; la directora de fiscalización y gestión de riesgo del INAME, Ana Laura Canil; la directora de poscomercializacion y acciones regulatorias del INAME, Mariela Baldut; y del jefe de departamento de inspectorado del INAME, Maximiliano Lalín.
A su vez, Kreplak ordenó el secuestro del teléfono celular de Bisio y Mantecón Fumado, investigadas en la causa por el fentanilo contaminado.
Los distintos procedimientos se llevaron a cabo con el objetivo de encontrar pruebas relacionadas con posibles responsabilidades de la autoridad sanitaria en torno a la fabricación, comercialización y falta de recuperación del fentanilo HLB contaminado, aseguró TN.
El pasado 20 de agosto, la fiscal federal Laura Roteta inició una investigación para determinar la responsabilidad de la ANMAT en el caso del fentanilo HLB contaminado.
El objetivo de la causa es establecer si la "ineficiencia recurrente" de los organismos encargados del control de laboratorios podría constituir negligencia, connivencia o complicidad en los hechos investigados.
La pesquisa se enmarca en la causa que el mes pasado derivó en la detención de Ariel García Furfaro y otros nueve directivos y responsables técnicos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, productores del fentanilo.
En su dictamen, la fiscal imputó a García Furfaro un delito con penas que van de 10 a 25 años de prisión, en uno de los procedimientos más relevantes del caso hasta la fecha.
La fiscal federal Roteta, junto con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), advirtió sobre el ineficiente control del Estado sobre HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, responsables del fentanilo contaminado.
La investigación abarca desde 2018 hasta la actualidad y analiza la actuación de la ANMAT, que inspeccionó la planta de Ramallo entre noviembre y diciembre de 2024, seis días antes de que se produjera el lote contaminado. La prohibición formal de producción y la suspensión total de actividades se aplicaron recién meses después.
El informe detalló deficiencias críticas en procesos, control de calidad y gestión de recursos humanos. A pesar de esto, la ANMAT no retiró preventivamente los lotes fabricados.
Fiscalía y PIA analizan ahora el material secuestrado para determinar responsabilidades y posibles delitos por negligencia o complicidad en la causa.
En el marco de la investigación del fentanilo contaminado, se conoció que la planta involucrada en la fabricación del medicamento tuvo en mayo de 2019 una orden de clausura por graves fallas en la producción de medicamentos que nunca se ejecutó.
HLB Pharma no solo siguió funcionando, sino que, con la llegada de la administración de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, las plantas de García Furfaro tuvieron una expansión, al punto que estuvo a cargo de las gestiones para comprar a Rusia, en plena pandemia, las vacunas Sputnik contra el COVID 19.