El hombre es buscado por delitos de terrorismo en ese país y tiene pedido de captura internacional desde el 31 de marzo.
El Gobierno nacional ofrece una recompensa millonaria para dar con el paradero de un prófugo chileno acusado de delitos vinculados al terrorismo y con pedido de captura internacional. Se trata de Galvarino Sergio Apablaza Guerra.
El hombre, de nacionalidad chilena y nacido el 9 de noviembre de 1950, tiene como último domicilio conocido la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Sobre él pesa una orden de captura nacional e internacional vigente desde el 31 de marzo de 2026.
De acuerdo a la información oficial, el requerimiento fue realizado por la justicia de Chile, que lo acusa formalmente por delitos graves vinculados al terrorismo en ese país.
La medida fue oficializada a través del Programa Nacional de Recompensas, según informó la Policía Federal Argentina (PFA). La disposición establece el pago de $20.000.000 a aquellas personas que aporten datos útiles que permitan localizar y detener a Apablaza Guerra, sin haber participado en los hechos investigados.
Desde la PFA indicaron que cualquier persona que cuente con información puede comunicarse con las autoridades a través de los canales habilitados, bajo estricta reserva de identidad, en el marco del programa que busca incentivar la colaboración ciudadana en causas de relevancia.
El nombre de Galvarino Sergio Apablaza Guerra está ligado a uno de los capítulos más sensibles de la historia reciente de Chile. Nacido el 9 de noviembre de 1950, tiene 75 años y es señalado como ex integrante y referente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, grupo guerrillero que actuó durante la dictadura de Augusto Pinochet y continuó con operaciones en los primeros años de la transición democrática.
De acuerdo a reconstrucciones periodísticas de Infobae, Apablaza Guerra fue vinculado a causas judiciales de alto impacto en su país de origen, entre ellas el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, ocurrido ese mismo año. Ambos hechos fueron atribuidos a sectores del FPMR y forman parte de los expedientes por los que la justicia chilena mantiene su requerimiento de detención.
Tras abandonar Chile, el ex dirigente se radicó en Argentina, donde inició un prolongado proceso judicial en torno a su situación migratoria y pedidos de extradición. En ese marco, obtuvo en su momento el estatus de refugiado político, una condición que generó controversia tanto en el ámbito judicial como en el político, y que fue revisada en distintas instancias a lo largo de los años.
Según consignó Infobae, el caso se mantuvo durante décadas en el centro de la agenda bilateral entre ambos países, con decisiones judiciales, recursos y revisiones administrativas que fueron modificando su situación. En paralelo, su figura quedó asociada a los debates sobre derechos humanos, justicia y el alcance de los delitos cometidos durante y después de regímenes autoritarios.
En la actualidad, su nombre vuelve a cobrar relevancia pública a partir del pedido de captura internacional vigente y del ofrecimiento de recompensa para quienes aporten datos sobre su paradero.