La medida busca recuperar cerca de $685 mil millones. La medida incluye inmuebles, hoteles, terrenos, sociedades y bienes transferidos a sus hijos.
La Justicia avanzó con la ejecución del decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad, con el objetivo de recuperar $684.990.350.139,86 considerados como perjuicio al Estado. La decisión, confirmada por la Cámara de Casación, alcanza también a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, además de otros condenados.
El proceso pone bajo ejecución un primer listado de unos veinte inmuebles, principalmente ubicados en Santa Cruz, donde se concentra el núcleo del patrimonio familiar, especialmente en El Calafate y Río Gallegos.
Entre los activos más relevantes figura un terreno ubicado sobre la avenida 17 de Octubre al 800, en el departamento Lago Argentino. La propiedad, adquirida en 2007, cuenta con una superficie de 6.001,64 metros cuadrados.
En esa misma zona se incluyen otros lotes de gran extensión incorporados ese mismo año:
También se suman:
Parte de estas tierras formaron parte de intercambios con el empresario Lázaro Báez, incluyendo un lote en la zona de Punta Soberana, valuado en unos 17,4 millones de pesos.
Uno de los bienes más emblemáticos incluidos en el decomiso es el complejo hotelero Los Sauces Casa Patagónica.
El establecimiento está emplazado sobre tres terrenos:
El desarrollo del hotel implicó la incorporación de parcelas adyacentes, adquiridas en distintos momentos, que pasaron a formar parte del mismo proyecto.
En la capital santacruceña, el listado incluye varias propiedades vinculadas a la familia Kirchner:
Estos inmuebles están vinculados en varios casos a construcciones realizadas por empresas de Lázaro Báez.
La investigación determinó que una parte significativa del patrimonio fue transferida en 2016 a Máximo y Florencia Kirchner. Entre esos activos se incluyen:
Sin embargo, el tribunal resolvió incluirlos en el decomiso al considerar que esas transferencias no modifican el origen de los fondos con los que fueron adquiridos.
El fallo también abarca bienes de empresas vinculadas a Lázaro Báez, entre ellas:
Además, se prevé la ejecución de bienes de otros condenados —como José López y Nelson Periotti— en caso de que los activos principales no alcancen para cubrir el monto fijado.
La sentencia, que quedó firme en junio de 2025, había fijado inicialmente un decomiso menor, luego actualizado tras peritajes oficiales. Ante el incumplimiento del pago por parte de los condenados, la Justicia avanzó con la ejecución patrimonial.
Todos los bienes quedarán bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que definirá su administración y eventual destino. Entre las opciones se contempla la subasta o su utilización con fines de reparación social.
Por la magnitud del monto a recuperar, la cantidad de propiedades involucradas y su valor, se trata de uno de los procesos de decomiso más importantes en la historia judicial argentina.