Aseguran que nunca fueron notificados y desconocen qué ocurrió con los féretros. Presentaron un amparo para frenar la licitación.
Una licitación para instalar una tienda de recuerdos y un punto de venta de alimentos dentro del Cementerio de la Recoleta, fue el comienzo de un duro cruce entre el Gobierno porteño y los descendientes de la familia que usaba la bóveda elegida para el proyecto.
Los familiares dicen que nunca fueron notificados sobre la recuperación del espacio y afirman que en el interior permanecían los féretros de varios parientes. También denunciaron que desconocen si los cuerpos continúan allí o fueron trasladados.
La Ciudad, por su parte, dice que cumplió el procedimiento administrativo, envió cartas documento a los titulares registrados y reclamó que retiraran los restos. Una de las herederas presentó un recurso de amparo para intentar frenar la licitación.
El cuestionado proyecto contempla la concesión por cinco años de una bóveda ubicada cerca de uno de los accesos de la calle Junín.
El espacio tiene una superficie cubierta de 24,55 metros cuadrados y fue utilizado por la familia Girado desde fines del siglo XIX.
La licitación establece un canon base de $1.600.000 mensuales. Allí podrá funcionar un gift shop con artículos vinculados con la historia del cementerio y un punto de venta de alimentos y bebidas bajo la modalidad para llevar, sin mesas ni elaboración de comida.
El adjudicatario también podrá operar un servicio de visitas nocturnas de jueves a domingo, entre las 19 y las 23. La Ciudad recibirá al menos el 20% de los ingresos brutos obtenidos mediante esos recorridos.
La bóveda corresponde a la sección 17, tablón 201, sepulturas 1 a 12. Su ubicación junto a una puerta que fue rehabilitada durante los últimos años la convierte en un punto estratégico para atender a los visitantes.
El Gobierno porteño afirma que el panteón se encontraba deteriorado y que su concesión había sido restituida después de completar los trámites previstos.
Pablo Girado, uno de los copropietarios, dijo que la familia se enteró del proyecto a través de los medios y las redes sociales. Lucía Girado, su hermana, afirmó que allí estaban su padre y dos de sus abuelos.
La mujer vive a pocas cuadras del cementerio y contó que había intentado regularizar la situación, pero no podía pagar las tasas ni asumir formalmente el mantenimiento porque desconocía quién figuraba como titular actual.
La concesión original se remonta a 1890 y pasó por numerosas sucesiones. Con el transcurso de las décadas, los descendientes perdieron el rastro de la documentación y de la persona que conservaba la titularidad en los registros.
La familia insiste que esa dificultad era conocida por la administración. También denunció que las personas mencionadas por la Ciudad como destinatarias de las notificaciones habían muerto o no se encontraban en condiciones de responder.
El Gobierno porteño aseguró que envió dos veces cartas documento a unos 30 titulares registrados para que se presentaran a retirar los féretros.
Según la versión oficial, ninguna de esas personas respondió a la convocatoria. Explicaron que el trámite debe ser realizado por el propietario y que no alcanza con acreditar un vínculo familiar. Si la situación no se resuelve, los restos podrían ser enviados al cinerario o cremados de acuerdo con la normativa mortuoria.
Por otro lado, la Asociación de Amigos del Cementerio de la Recoleta rechazó la instalación de un comercio gastronómico dentro del predio. Como alternativa, propuso utilizar la bóveda como centro de información y difusión cultural.
El cementerio integra un Área de Protección Histórica, por lo que cualquier intervención deberá ser reversible y respetar su arquitectura.