{# #} {# #}
La iniciativa propone eliminar la obligación de estar matriculado en los colegios profesionales para operar como corredor o martillero. Los detalles.
Un nuevo proyecto impulsado por legisladores libertarios encendió la polémica en el mercado inmobiliario. La propuesta busca desregular la actividad y permitir que cualquier persona pueda ejercer como corredor o martillero sin necesidad de estar matriculado en un colegio profesional.
Desde las cámaras inmobiliarias y los colegios oficiales advirtieron que la medida podría generar un escenario de informalidad, inseguridad jurídica y mayor exposición al fraude. La iniciativa forma parte de una serie de reformas que buscan liberalizar diversos sectores de la economía, aunque no sin resistencias.
La iniciativa, denominada “Ley de libertad inmobiliaria”, fue presentada por el diputado nacional libertario Alejandro Bongiovanni suma rechazos desde distintos sectores vinculados con el mercado y plantea que cualquier persona pueda operar en el mercado sin requisitos formales, sin límites geográficos y con libertad para negociar honorarios.
Además, elimina la capacidad de los colegios profesionales de sancionar a quienes ejercen sin matrícula y denuncia la existencia de un "monopolio" en manos de estas entidades. Como modelos a seguir, el proyecto cita a países como España, Estados Unidos y Nueva Zelanda.
Entre los principales puntos, la ley busca eliminar la obligatoriedad de inscripción en registros o cámaras del sector, permitir operar en todo el país sin restricciones jurisdiccionales, suprimir aranceles fijos o mínimos para comisiones, transferir el control del ejercicio profesional al ámbito del mercado y la justicia ordinaria.
El diputado Bongiovanni explicó en una entrevista con Clarín que “el objetivo es que la actividad inmobiliaria vuelva a ser considerada una actividad comercial, y no una profesión regulada”.
Y defendió su iniciativa: “Lo que intento hacer con el proyecto es volver a poner la intermediación inmobiliaria en el ámbito comercial, que es el ámbito nacional. Quitarle regulación para que la pueda realizar cualquier persona”.
Respecto a los colegios profesionales, expresó: “Para mí los colegios profesionales en general no me gustan demasiado. Con el inmobiliario tengo un problema, ya que la actividad inmobiliaria, desde mi concepción, es una actividad comercial más (...) Hoy las inmobiliarias tienen vendedores que son influencers o personas con buen manejo de redes. Después terminan firmando uno o dos martilleros. El negocio ya está horizontalizado”.
Y concluyó: “Si hay una estafa, igual vas a terminar en la Justicia. Los colegios no tienen poder para indemnizar. Lo que hacen es sacar matrículas, pero no te resuelven la estafa. Entonces, ¿por qué una persona no puede vender en cualquier parte del país? ¿Por qué cualquiera no puede vender una propiedad? Somos argentinos en toda la Argentina”.
Desde la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), su presidenta, Nancy Vieitez, fue contundente: “La experiencia internacional demuestra que donde se intentó eliminar los controles, los efectos fueron negativos. Esta iniciativa no solo pone en riesgo al consumidor, sino que deteriora la calidad del servicio, fomenta la competencia desleal, aumenta los fraudes y debilita uno de los mercados más importantes de la economía”.
La Cámara cita ejemplos concretos: en Estados Unidos se requiere licencia estatal para operar. El sistema MLS garantiza trazabilidad y control. Donde se relajaron los requisitos, hubo fraude y caos.
En España, continúa Vieitez, durante años se permitió operar sin matrícula. El resultado, asegura, fue "desastroso: malas prácticas y burbuja inmobiliaria". Hoy se busca volver a jerarquizar la profesión. En Portugal e Irlanda, la falta de regulación provocó especulación, fraudes y desplazamiento de residentes locales. Actualmente, trabajan para restablecer controles.
En países como Japón y Alemania, nunca se desreguló: se exige formación, seguros y registros obligatorios. “Vender una propiedad no es simplemente mostrar una casa. Implica asumir responsabilidad jurídica y profesional”, advirtió Vieitez.
La CIA presentó una alternativa que busca modernizar sin eliminar garantías y consiste en crear un Registro Nacional de libre jurisdicción; implementar un sistema MLS nacional transparente y colaborativo; legalizar la figura del agente inmobiliario auxiliar, que trabaje bajo supervisión; y permitir que estos agentes operen como monotributistas sin caer en la informalidad.
“El consumidor tiene derecho a elegir, pero también a estar protegido. No cualquiera puede intermediar en algo tan importante como la vivienda de una familia”, remarcaron desde la entidad.