La medida generó opiniones divididas entre los distintos actores del sector y uno de las principales interrogantes es cómo impactará en los precios
En las últimas semanas, el Gobierno presentó una propuesta que busca desregular al sector, algo que entre otras cosas busca eliminar la obligatoriedad de colegiación para los corredores inmobiliarios y permitir así que nuevos actores ingresen al mercado. La medida generó opiniones divididas entre los distintos actores del sector y uno de las principales interrogantes es cómo impactará en los precios de venta y alquiler de las propiedades.
La desregulación propuesta por el Gobierno busca incentivar una mayor competencia y reducir los costos asociados a las operaciones inmobiliarias. Según algunos funcionarios, eliminar la obligatoriedad de la colegiación permitiría a más actores ejercer como agentes inmobiliarios sin las barreras burocráticas actuales, algo que aumentaría la oferta de servicios y podría reducir los honorarios profesionales. El resultado final sería, según el Ejecutivo, una disminución de costos operativos que podría eventualmente hacer bajar los precios de venta y alquiler.
Sin embargo, varios colegios y cámaras inmobiliarias criticaron los posibles riesgos que podría traer una desregulación sin controles adecuados. Aseguran que la colegiación y la matriculación obligatoria garantizan la profesionalización y la ética en la actividad, asegurando que los agentes inmobiliarios tengan la formación necesaria para asesorar correctamente a los clientes y garantizar la transparencia de las operaciones. Así, sostienen que eliminar estos requisitos aumentaría el riesgo de prácticas desleales y afectaría la seguridad jurídica de las operaciones.
Sobre el impacto en los precios, algunos analistas acuerdan con la visión oficial y sostienen que aumentar la competencia podría bajar los costos de transacción y reducir así los precios finales a los consumidores. Sin embargo, aclaran que el mercado inmobiliario tiene particularidades que podrían dificultar este efecto, como que no aumentaría a corto plazo la oferta de propiedades porque construir nuevos inmuebles lleva tiempo.
Por otro lado, algunos analistas señalan que la desregulación podría fomentar la entrada de nuevos actores con perfil tecnológico que impulsarían el desarrollo de plataformas digitales y servicios más eficientes, algo que también reduciría costos operativos y los precios a los consumidores. Sin embargo, aclaran que este proceso de innovación también tendría riesgos, como la aparición de modelos de negocios que prioricen la rentabilidad sobre la calidad del servicio o la protección del consumidor.
Por eso, en el sector inmobiliario hay preocupaciones sobre cómo la medida afectará a los Colegios Profesionales, que fueron históricamente responsables no sólo de otorgar matrículas sino también de fiscalizar el cumplimiento ético de las transacciones. En ese sentido, algunos funcionarios están analizando cómo implementar las reformas sin que estas entidades pierdan control total sobre aspectos clave de las operaciones, como la seguridad jurídica o la protección al consumidor.
Por otra parte, varios analistas explicaron que en países como Singapur y Nueva Zelanda reformas similares permitieron una mayor oferta de propiedades, pero aclararon que en lugares donde la desregulación no fue acompañada de controles y capacitaciones adecuadas crecieron las prácticas desleales y bajó la calidad del servicio.
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