La reforma propuesta por Javier Milei apunta, entre otras cosas, a prohibir mecanismos de emisión que terminan luego generando presiones inflacionarias
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que anunció esta semana el presidente Javier Milei, busca prohibir casi totalmente el financiamiento monetario al Estado, reforzar la independencia de la entidad y centralizar su misión exclusivamente a mantener la estabilidad cambiaria.
El Gobierno abrió una nueva etapa de su agenda económica con el envío al Congreso de un proyecto que modifica en profundidad el funcionamiento del Banco Central. La iniciativa, anunciada por el Presidente en cadena nacional, es uno de los pilares del programa económico oficial, junto con el llamado “grillete fiscal” y otros cambios que apuntan a liberalizar los mercados financieros.
Según la Casa Rosada, el objetivo central de la reforma es impedir que futuros gobiernos recurran nuevamente a la emisión monetaria para cubrir déficits presupuestarios, una práctica que el Presidente considera responsable mayormente de los procesos inflacionarios de las últimas décadas. En ese sentido, el proyecto deroga la posibilidad de otorgar adelantos transitorios al Estado (Tesoro, provincias y municipios) y prohíbe la compra directa de deuda pública en el mercado primario, dos herramientas usadas recurrentemente para financiar gasto estatal.
Otro de los cambios relevantes es redefinir el mandato institucional del Banco Central. Desde la reforma de 2012, tenía entre sus objetivos “promover el empleo, el desarrollo económico con equidad social y la estabilidad financiera”. El nuevo texto elimina esas funciones y establece una única misión: preservar el valor de la moneda. Para el Gobierno, la coexistencia de múltiples objetivos terminó facilitando intervenciones discrecionales en la política monetaria con más emisión. El proyecto recupera así un enfoque más cercano al de los bancos centrales de otros países, que priorizan la estabilidad de precios como criterio rector.
La iniciativa también incorpora el blindaje de la conducción del Central frente a cambios políticos. Aunque el mecanismo de designación de autoridades no se modifica, la remoción del presidente y los directores requerirá el voto de los dos tercios de ambas Cámaras del Congreso. El proyecto además elimina la participación formal del Ministerio de Economía dentro de las reuniones del directorio. Según el Ejecutivo , todo esto acerca al BCRA a estándares internacionales de independencia y reduce la posibilidad de presiones políticas sobre sus decisiones.
El tratamiento de las utilidades es otro capítulo relevante de la reforma. Actualmente, las ganancias contables generadas por subas del tipo de cambio se pueden transferir al Tesoro. El proyecto cierra esta vía y define que esas utilidades pasarán a integrar las reservas patrimoniales del Banco Central. Sólo se mantendrá una excepción: una vez alcanzado determinado nivel de reservas, podría distribuirse utilidades solamente para pagar deuda pública.
También el saneamiento del balance del Central aparece como otra de las prioridades. Con la reforma, quedará eliminado el mecanismo vigente desde 2006 que le permite al Tesoro usar dólares de las reservas del BCRA para pagar deuda a cambio Letras Intransferibles, que en la práctica no valen nada.
Desde la perspectiva del oficialismo, uno de los beneficios principales de la reforma será la reducción de riesgos inflacionarios de largo plazo. El Gobierno sostiene que la imposibilidad legal de financiar déficits mediante emisión reforzará la credibilidad de la política monetaria y disminuirá la incertidumbre sobre el valor futuro del peso.
La reforma también podría tener implicancias sobre el acceso al financiamiento y el costo del crédito. Analistas cercanos al Gobierno consideran que una autoridad monetaria más independiente y con un mandato limitado podría mejorar la percepción de riesgo institucional entre inversores locales e internacionales.
Para ejecutivo, una economía sin déficit fiscal permanente y con un Banco Central menos expuesto a presiones políticas debería generar condiciones más favorables para inversiones de largo plazo.