Ueno Bank cerró y dejó casi 3 millones de clientes sin acceso a sus cuentas. Todo el directorio está detenido.
Un caos financiero se vive en los últimos días en Paraguay. El Banco Central de Paraguay (BCP) anunció una intervención por problemas de solvencia de Ueno Bank, una de las entidades financieras más populares del país, con 2,9 millones de clientes. Hubo despidos y protestas multitudinarias pidiendo el regreso de los ahorros.
La intervención desató un escándalo que trascendió el ámbito financiero y llegó a la Justicia, lo que derivó en un pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña y la renuncia del titular del Banco Central, Carlos Carvallo.
Se investigan presuntas maniobras con créditos a empresas vinculadas, posibles irregularidades en el manejo de fondos y responsabilidades de sus principales directivos. Mientras tanto, crece la preocupación de los ahorristas por el destino de sus depósitos.
La situación no sólo afectó a los clientes, sino que golpeó duramente también a los trabajadores de la entidad. El relevamiento preliminar incluye a 490 trabajadores activos del banco y a miles de dependientes de firmas asociadas. La ministra de Trabajo del Paraguay, Mónica Recalde, confirmó que se estableció un esquema de acompañamiento para los trabajadores vinculados a la entidad financiera y a las empresas tercerizadas.
Aún así, esta situación deja afuera a mil trabajadores de Argentina. "Entre Itti y Kaitel que tenían todas las operaciones digitales del sector bancario, que se operaba desde Buenos Aires son mil trabajadores, a quienes se les comunicó que no se les va a pagar el sueldo, está todo bloqueado", reveló el periodista paraguayo Samuel Acosta en diálogo con De Acá en Más.
Los trabajadores de Argentina formaban parte de toda esa estructura digital que brindaba el soporte de software, explicó Acosta. "No cobraron el mes de octubre y algunos trabajadores se estaban quejando que 'los jefes dejaron de responder a los empleados, Recursos Humanos no contesta, no pagaron los sueldos del último mes y tampoco hay comunicación sobre liquidación de indemnización", explicó.
En Paraguay, como hay una intervención del banco, si están en su proceso de liquidación. Los argentinos por el momento se encuentran sin novedades sobre qué ocurrirá con sus liquidaciones.
Estudiantes, trabajadores, pequeños empresarios e incluso quienes cobran pensiones se encontraron con sus cuentas bloqueadas.
"Tenía dinero ahí para el día a día, para mis gastos de facultad y para comprar la merienda. Ayer me desperté y la aplicación no andaba. Después me enteré por los diarios de que el banco ya no existía. Como no soy de usar mucho efectivo y tenía solamente esa cuenta, tuve que pedir prestado", contó una estudiante al diario La Nación.
La principal preocupación de los clientes es recuperar los fondos que quedaron inmovilizados tras la suspensión de las operaciones.
La legislación paraguaya contempla una cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 75 salarios mínimos mensuales por persona física o jurídica en cada entidad financiera. Actualmente, ese límite equivale a 228,3 millones de guaraníes, aproximadamente US$ 38.000.
Entre las últimas medidas, el gobierno paraguayo promulgó una ley que modifica la legislación bancaria para agilizar la entrega de recursos a depositantes de entidades en resolución. De esta manera, el BCP podrá ejecutar desembolsos de manera inmediata a los ahorristas.
Por el momento, la Fiscalía imputó a 27 personas vinculadas a Ueno Bank y otras empresas del grupo. Entre los delitos investigados se encuentran presuntas conductas de lesión de confianza y otros ilícitos económicos. También se produjeron detenciones y se solicitaron medidas cautelares.
El epicentro del escándalo son los recursos públicos comprometidos en la entidad. Unos 380 millones de dólares del estatal Instituto de Previsión Social (IPS) -que incluyen depósitos de aproximadamente 32.000 jubilados- están atrapados en Ueno Bank, junto a fondos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de la represa binacional de Itaipú.
Esta situación generó una protesta multitudinaria en el centro de Asunción, donde los manifestantes reclamaron que sufrieron "un golpe al bolsillo" y pidieron un juicio político contra el presidente Santiago Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana, y hubo enfrentamientos con la Policía.
Aunque empezó de manera pacífica, sin embargo, en un momento, un grupo de intentó avanzar hacia la sede del Congreso Nacional y fue frenado por la Policía, donde se produjeron enfrentamientos y corridas.