Eran apenas adolescentes cuando grupos de tareas irrumpieron en la madrugada. Un documento de inteligencia los había marcado por pedir viajar más barato. Informe especial.
Hace exactamente 50 años, en la madrugada del 16 de septiembre de 1976, un operativo conjunto de efectivos policiales y del Batallón 601 del Ejército irrumpió en los domicilios de un grupo de jóvenes estudiantes secundarios de La Plata. Tenían entre 16 y 18 años. Su delito, según el documento de inteligencia que años después encontraría la Justicia, era haber participado en la lucha por el Boleto Estudiantil Secundario (BES), el derecho a viajar en transporte público a precio reducido. La historia los llamaría para siempre La Noche de los Lápices, y se convertiría en uno de los símbolos más dolorosos del terrorismo de Estado en Argentina.
El contexto inmediato era claro: un año antes, en 1975, la movilización estudiantil había logrado la implementación del BES en La Plata. Con el golpe de marzo de 1976, la dictadura cívico-militar suspendió ese beneficio.
Y en agosto de ese año, el comisario mayor Alfredo Fernández redactó un documento de inteligencia en el que describía las acciones que debían emprenderse contra los jóvenes que habían encabezado el reclamo, definiéndolos como "integrantes de un potencial semillero subversivo". Ese documento fue el punto de partida del operativo.
La primera jornada, la del 16 de septiembre, fue la más brutal. Claudio De Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro fueron arrancados de sus casas por efectivos bajo las órdenes del entonces jefe de la Policía bonaerense, coronel Ramón Camps. Al día siguiente cayeron Emilce Moler y Patricia Miranda. Cuatro días más tarde, el 21 de septiembre, fue detenido Pablo Díaz, quien integraba la Juventud Guevarista. También pasó por los centros clandestinos como parte de este grupo Gustavo Calotti, detenido el 8 de septiembre.
Todos fueron llevados al Centro Clandestino de Detención de Arana, donde fueron torturados durante semanas. Luego los trasladaron al Pozo de Banfield.
De los diez jóvenes, seis permanecen desaparecidos: Claudio De Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro. Sus cuerpos nunca fueron identificados pese al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
El excabo Roberto Grillo, que participó en los secuestros, llegó a confesar a la familia Ungaro que debió "quemar los cuerpos de los chicos", aunque negó haber sido el ejecutor de sus muertes.
Los sobrevivientes son cuatro. Pablo Díaz declaró en el Juicio a las Juntas en 1985, siendo uno de los testimonios más escalofriantes de ese proceso histórico. Emilce Moler estuvo cautiva dos años. Patricia Miranda fue trasladada al Pozo de Quilmes y luego a la cárcel de Villa Devoto, donde permaneció a disposición del Poder Ejecutivo hasta marzo de 1978. Gustavo Calotti también sobrevivió. Durante décadas, los sobrevivientes sostuvieron la memoria del grupo con declaraciones, libros, actos públicos y testimonios judiciales.
La sanción de la Ley de Obediencia Debida en 1987 impidió inicialmente que el comisario Miguel Etchecolatz, autor material de los secuestros y desapariciones, enfrentara la Justicia. Recién tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos menemistas, en 2003, se reabrieron los juicios de lesa humanidad. Etchecolatz recibió sucesivas condenas en el marco del juicio por el Circuito Camps, que investigó los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención de La Plata y zonas aledañas.
Desde 2006, por decisión del entonces presidente Néstor Kirchner, el 16 de septiembre se conmemora como el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios en Argentina. La fecha eligió a propósito ese aniversario para recordar que la lucha de esos jóvenes fue, en su origen, por un derecho concreto, cotidiano y legítimo: poder ir a la escuela.
A medio siglo de aquella noche, el desafío de los sobrevivientes y de las organizaciones de derechos humanos sigue siendo el mismo: sostener la memoria en un contexto donde los debates sobre la historia reciente del país vuelven a tensarse. Los lápices no dejaron de escribir. Tampoco la historia.