En una gira federal, la central sindical se reunirá con gobernadores de distintas provincias para convencerlos de votar en contra de la reforma laboral.
Mientras el Gobierno se prepara para retomar la próxima semana las negociaciones con la CGT por la reforma laboral, la central obrera organiza una gira por varias provincias del país para intentar convencer a los gobernadores de no respaldar el proyecto tal como fue enviado al Senado.
La decisión fue tomada por los cotitulares de la CGT, Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), quienes ya avanzaron en un itinerario tentativo que incluye visitas a Tucumán, Salta, Catamarca, Córdoba y Santa Fe, y una segunda etapa en la Patagonia, con reuniones previstas en Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
La estrategia fue planteada como una respuesta a la decisión del Gobierno de enviar al ministro del Interior, Diego Santilli, a encabezar una ronda de contactos con los dirigentes provinciales para sostener el proyecto de reforma laboral tal como fue remitido al Senado, una versión considerada inaceptable por la CGT.
En el recorrido por las provincias, los dirigentes sindicales pondrán el foco en el impacto fiscal del capítulo impositivo incluido en la reforma laboral, al advertir que afectará de manera directa los recursos que las provincias reciben por coparticipación federal.
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los cambios en el Impuesto a las Ganancias implican un costo fiscal anual equivalente al 0,22% del PBI, unos $1,9 billones. De ese total, $790.000 millones recaerían sobre la Nación, mientras que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires perderían alrededor de $1,12 billones.
Entre las modificaciones más relevantes, el proyecto contempla una baja de alícuotas para las sociedades en los tramos más altos y la exención del impuesto para alquileres con destino a vivienda. Para los mandatarios provinciales, estas medidas achican la base tributaria y derivan en menores transferencias automáticas a los distritos.
En paralelo, el viernes 16 de enero comenzará a funcionar una comisión técnica en el Senado, coordinada por la abogada laboralista Josefina Tajes —asesora de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich—, que analizará posibles cambios junto a representantes de la CGT. El objetivo es alcanzar consensos que permitan emitir un nuevo dictamen a partir del 26 de enero, al menos de manera parcial.
Encabezando los rechazos, el oficialismo mantiene su negativa a modificar el artículo que elimina la obligación de los empleadores de actuar como agentes de retención de la cuota sindical. Desde el Gobierno sostienen que la medida se ajusta a los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y cuestionan que las empresas deban cumplir ese rol administrativo en favor de los gremios.
En cuanto a la liberación de las cuotas solidarias, el Ejecutivo estaría dispuesto a revisar los artículos que limitan los aportes compulsivos acordados en convenios colectivos, una de las principales preocupaciones de la dirigencia sindical. Incluso, en el oficialismo admiten que podría buscarse una fórmula para que el esquema se mantenga, aunque algunos referentes interpretan que la estrategia de Patricia Bullrich apunta a exponer los reclamos gremiales como una defensa del poder sindical más que de los trabajadores.
En cuanto al derecho a huelga en rubros clave como el transporte, la educación y la salud, el Gobierno estudia eliminar los porcentajes fijos de servicios mínimos y dejar la definición en manos de los sindicatos, con eventual intervención de la Comisión de Garantías.
En cambio, sigue sin definición el debate sobre la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar despidos sin causa. El mecanismo prevé que las empresas aporten el 3% de la masa salarial a cambio de una reducción equivalente en las contribuciones patronales, una medida que, según especialistas, podría afectar el financiamiento del sistema previsional. Mientras el Ministerio de Economía asegura que los recursos se compensarían con otras fuentes, la CGT desconfía y pide revisar los números.
Por otro lado, la central obrera logró que los sindicatos con personería sean los que avalen los convenios por empresa, pero el proyecto mantiene la prioridad de esos acuerdos por sobre los convenios por actividad y habilita la creación de sindicatos por empresa. Mientras los gremialistas buscan frenar ambos puntos, el Gobierno solo estaría dispuesto a eliminar el artículo que facilita la formación de gremios por empresa.
Además, la CGT también reclama cambios en las reglas para los delegados sindicales. Pide revisar el límite de horas pagas para tareas gremiales, las restricciones a la tutela sindical y la exigencia de autorización previa para realizar asambleas en los lugares de trabajo. En estos temas, el Ejecutivo no prevé modificaciones.
Otro eje de conflicto es el financiamiento de las obras sociales. La central sindical rechaza la baja de la contribución patronal del 6% al 5%, al advertir que afectaría el sistema de salud laboral. El Gobierno, en cambio, sostiene que el impacto podría compensarse con una gestión más eficiente.