El funcionado se quebró y pidió perdón a su familia. Está acusado de encabezar una asociación ilícita.
Un exfiscal confesó ante la Justicia que utilizó fondos depositados en cuentas judiciales para afrontar gastos personales, ya que admitió tener deudas vinculadas con su adicción al juego.
La declaración se produjo durante el juicio que enfrenta por una causa que investiga el movimiento irregular de importantes sumas de dinero, en la que la Fiscalía lo acusa de haber encabezado una asociación ilícita.
Mariano Ríos Artacho se desempeñaba como fiscal de Delitos Económicos de Rosario, es juzgado junto a otras diez personas. Durante su declaración, negó haber liderado una asociación ilícita, tal como sostiene la acusación de la Fiscalía, y explicó que su adicción al juego tuvo relación con las maniobras investigadas.
El expediente analiza un presunto desvío de unos $425 millones entre 2017 y 2024, provenientes de fondos de fianzas y cauciones. En medio del proceso, el exfuncionario reconoció su adicción y fue contundente al referirse a su situación personal: “Soy ludópata”.
Según sostuvo, su adicción al juego comenzó en 2013, cuando todavía trabajaba como funcionario judicial en la jurisdicción de Melincué.
El exfiscal, que está detenido desde la semana pasada, reconoció haber dispuesto de dinero correspondiente a cuentas judiciales y admitió que durante años manejó esos fondos prácticamente como si fueran propios.
Durante su exposición, el exfiscal se quebró y pidió perdón a su familia. Sin embargo, su reconocimiento de las maniobras abrió una diferencia central con la acusación: negó haber formado parte de una asociación ilícita y aseguró que fue él quien tomó las decisiones que terminaron involucrando a los demás imputados.
La Fiscalía sostiene que Ríos Artacho encabezó una asociación ilícita integrada por otras diez personas para disponer irregularmente de fondos provenientes de expedientes judiciales.
En tanto que el acusado rechazó esa hipótesis. Según su versión, no existió una organización creada para apropiarse sistemáticamente del dinero. Por el contrario, aseguró que él ordenó las maniobras y terminó involucrando a las otras personas investigadas. “Yo arrastré al resto”, sostuvo.
Su declaración no negó los hechos vinculados con el manejo del dinero, sino que buscó discutir uno de los puntos centrales de la imputación: la existencia de una estructura delictiva organizada.
Los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani sostienen que el entonces funcionario aprovechó su cargo para disponer de fondos depositados en cuentas judiciales provenientes, entre otros conceptos, de fianzas, cauciones y dinero secuestrado durante procedimientos.
Entre las maniobras investigadas aparecen restituciones de dinero a personas que no serían víctimas, sumas incautadas en allanamientos que no habrían sido depositadas en las cuentas correspondientes y movimientos de fondos que, según la acusación, terminaron destinados a inversiones o al juego. Los investigadores estimaron el perjuicio en $425 millones.
Ríos Artacho sostuvo que su adicción estuvo detrás de su comportamiento y presentó al juego como una explicación para el uso que hacía de los fondos judiciales.
La ludopatía también apareció en la estrategia defensiva de Fabricio Emanuel Romero, otro de los acusados. Su abogado, Gonzalo Rucci, negó que los imputados hayan integrado una organización creada deliberadamente para sustraer fondos públicos y afirmó que algunos de ellos se conocían de los casinos y compartían problemas vinculados con el juego.
Según explicó el defensor, algunos jugadores que se autoexcluyen de casinos de Santa Fe luego buscan salas de otras provincias o incluso de Uruguay y Brasil para continuar apostando.
Rucci planteó que esa situación debería ser considerada al momento de determinar las responsabilidades y eventuales penas, aunque también cuestionó la acusación por asociación ilícita.
Ríos Artacho dejó su cargo como fiscal en 2024, mientras atravesaba un proceso de destitución impulsado por la Legislatura santafesina. Después retomó el ejercicio de la abogacía y llegó a intervenir como defensor particular en causas penales. La acusación le atribuye, entre otros delitos, peculado, fraude, falsedad ideológica y asociación ilícita.
A partir de ahora, el proceso judicial deberá establecer qué grado de responsabilidad tuvo cada uno de los once acusados, cuál fue el monto realmente desviado y si existió una estructura organizada para concretar las maniobras, como plantea la Fiscalía. También deberá determinarse si los hechos ocurrieron del modo que Ríos Artacho explicó durante su declaración.