La resolución busca "resguardar los recursos públicos del Estado provincial".
El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba puso en marcha el nuevo Protocolo de Recupero y Resarcimiento, una medida que obliga a los padres o adultos responsables de menores que realicen falsas amenazas de tiroteo a afrontar los costos económicos de los operativos de seguridad.
Esta resolución, firmada por el ministro Juan Pablo Quinteros, busca proteger a la comunidad educativa y resguardar los recursos públicos del Estado provincial.
A partir de esta normativa, toda intimidación pública o falsa alarma que exija el despliegue de brigadas especiales, bomberos, áreas de investigación y móviles policiales generará, además de las consecuencias penales, el recobro de los costos operativos.
Una vez que la Justicia identifique a los responsables, el Estado procederá a intimar el pago de los gastos a los adultos a cargo de los menores involucrados.
Desde la cartera de Seguridad se enfatizó que estas acciones no son "travesuras" ni "bromas de mal gusto", sino conductas graves que alteran el normal funcionamiento escolar y generan angustia en alumnos y familias.
Al respecto, el ministro Quinteros señaló que cada operativo moviliza recursos tecnológicos y humanos que deberían estar destinados a la prevención del delito en otros puntos de la provincia. "Ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad", remarcó el funcionario.
El procedimiento para el cobro se llevará a cabo de manera coordinada con el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Córdoba. Se realizará una cuantificación de los recursos materiales y humanos afectados en cada intervención para avanzar con la intimación extrajudicial y, de ser necesario, con las acciones judiciales pertinentes.
El gobierno de Santa Fe tomó una decisión similar, al calcular que el esfuerzo económico de un despliegue policial en un establecimiento operativo oscila entre los cinco y seis millones de pesos por procedimiento. Además, pueden dejar antecedentes negativos para los involucrados para solicitar permisos de viaje o certificados.
En provincia de Buenos Aires, la fiscal de Responsabilidad Juvenil Alejandra Piqué, a cargo de la UFI N°6 de Moreno - General Rodríguez, en coordinación con Érica Chiessi y Solange Castelli, de la UFI N°7 del mismo distrito, solicitó embargos para los padres de alumnos detrás de amenazas de tiroteos en escuelas.
Sucede que la investigación, tras la ola de 70 denuncias de directores de establecimientos educativos solo el jueves pasado, logró identificar a siete menores, dos de 16 años y, por lo tanto, punibles.
A raíz de los resultados, la DDI local realizó este martes siete allanamientos, algunos de ellos positivos: los agentes secuestraron armas, que serían las mismas que habrían sido exhibidas en redes a modo de amenaza por los estudiantes investigados. También incautaron celulares, tablets, computadoras y consolas de videojuegos.
Durante el operativo, se notificó a los sospechosos por el delito de intimidación pública y fueron citados a indagatoria para este miércoles. “Tienen que venir con sus padres”, detalló una fuente del caso a Infobae.