Según Aranguren, el reconocimiento de la situación de excepcionalidad permite elaborar en los próximos dos años "un plan de soluciones", que se focalizarán en la eliminación de los subsidios a los usuarios residenciales pudientes, en el aumento de la inversión en el mantenimiento de la red de distribución, principalmente en la zona sur de la zona metropolitana, y en el fomento al uso racional de la energía de parte de los consumidores.
"El decreto del ingeniero Macri lo que hace es instruir al ministro para que elabore un plan e implemente un programa de acciones para mejorar esa generación, transformación y distribución del suministro electrico", aclaró el ministro.
Acerca del valor y aumentos que habrá en el servicio, el funcionario planteó que "
necesitamos cambiar el esquema de subsidios a la oferta", que alcanzaban a todos los usuarios. "Tenemos que colocarlos a la demanda, en aquellos segmentos de la población que lo necesitan. Esto lo estamos terminando de desarrollar cruzando bases de datos de la
AFIP y de la Anses".
Distribución y ahorro energético
En materia de distribución, el secretario de Energía dijo que "tenemos que aumentar la inversión en zona sur. El sistema es antiguo y requiere de un mantenimiento mayor que en la parte norte del AMBA".
"El resto de las jurisdicciones están bajo tutela provincial. En cuanto a generación, el país tiene una capacidad instalada de alrededor de 24 mil watts de potencia, cuando el año pasado llegamos a un pico de 24 mil. Si un equipo sale de servicio la reserva que tenemos para reemplazarlo es muy bajo", agregó en declaraciones a radio Mitre.
Con respecto al consumo, el ex empresario petrolero manifestó que "desde el punto de vista del usuario" se necesita un programa de educación y comunicación para el "uso racional y eficiente de la energía". "Son muy pocos los países que, cuando falta energía, la subsidian como nosotros. Generalmente se subsidia cuando sobra, y nosotros la estamos importando", advirtió.
El ministro planteó que uno de los objetivos a mediano plazo es lograr una mayor previsibilidad sobre "cuándo se puede producir un corte y su duración estimada". "En el 2003, esa duración promedio era de 6 horas por usuario por año. En 2014 era de 33 horas, se multiplicó 5,5 veces", dijo.
"Eso es lo que tenemos que atacar, hay que llegar a parámetros internacionales. La mayoría de los países están en un dígito en la duración de interrupción del servicio y ese es el objetivo de la declaración de la emergencia", completó.
