La Fiscalía le adjudica 31 hechos durante 16 mesos, e involucra también a un empleado municipal. Detectaron que iba a cobrar cheques personalmente al banco.
Un director de una escuela de la localidad cordillerana de Corcovado, en Chubut, y un empleado municipal irán a juicio oral acusados de un presunto desvío de fondos que estaban destinados a la merienda de los alumnos.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, la acusación abarca 31 hechos ocurridos entre mayo de 2023 y septiembre de 2024, con un esquema que la Fiscalía calcula que se sostuvo durante 16 meses.
Los acusados son Emiliano Figueroa, entonces director de la Escuela N.º 779 de la localidad cordillerana, y Alejandro Altamirano, registrado ante ARCA como proveedor de servicios.
Ambos llegarán al juicio en calidad de imputados.
La investigación está a cargo de la fiscal general jefe María Bottini y del funcionario de Fiscalía Julián Forti.
La acusación sostiene que los imputados habrían intervenido en una maniobra reiterada para retirar partidas presupuestarias provinciales asignadas a la alimentación de los estudiantes.
El caso comenzó con una denuncia formal presentada el 21 de noviembre de 2024 por la delegada administrativa del Ministerio de Educación en la Región III.
Según informó el Ministerio Público en diciembre de 2025, cuando imputó a los acusados, el mecanismo se repetía en cada operación.
Se confeccionaba una factura apócrifa a nombre de Altamirano, y luego Figueroa cobraba el cheque por ventanilla en el Banco del Chubut de Corcovado.
En los libros contables, en tanto, se asentaban compras a terceros que nunca habían vendido nada.
La Fiscalía sostiene que, desde mayo de 2023, Figueroa habría gestionado y cobrado al menos quince cheques respaldados por esas facturas falsas.
Los comprobantes se atribuían a proveedores que no habían entregado mercadería o que figuraban con rubros distintos a los registrados oficialmente.
Esos cheques, según la hipótesis fiscal, debían transferirse o entregarse a los proveedores correspondientes.
Sobre Altamirano, la acusación indica que estaba inscripto ante ARCA en el rubro de prestación de servicios y no de venta de alimentos.
Además, por su condición de empleado municipal, no podía desempeñarse como proveedor del Estado.
Según la investigación, algunos comprobantes tendrían fechas posteriores al momento en que el dinero habría sido retirado.
Otro punto de la acusación es el Libro Banco de la escuela.
Según la Fiscalía, allí se asentaron pagos que figuraban como destinados a comercios o proveedores de la zona, aunque el dinero habría sido cobrado de otra manera.
Entre los registros cuestionados aparece incluso una supuesta compra realizada al propio Ministerio de Educación.
Los investigadores revisaron también los productos detallados en las facturas.
La acusación sostiene que los alimentos declarados nunca ingresaron a la escuela.
Entre ellos había productos que ni siquiera formaban parte del refrigerio escolar, como pollo o tapas de empanadas, con ejemplos como "tapas de empanadas" y "20 kilos de pollo".
Las maniobras implicaron, según la Fiscalía, el presunto desvío de fondos públicos administrados por la institución educativa.
En diciembre de 2025, cuando el Ministerio Público difundió la apertura de la investigación, la Fiscalía le atribuyó a Figueroa el presunto delito de peculado en concurso ideal con uso de documento público falso.
Son 31 hechos, en concurso real entre sí, en carácter de autor, según los artículos 45, 54, 55, 261 y 296, en función del 292, del Código Penal.
A Altamirano se le imputaron 29 hechos del mismo delito, en carácter de partícipe primario, en los términos del artículo 45. El juez Jorge Criado consideró reunidos los requisitos legales y habilitó la investigación preparatoria por seis meses. También autorizó a la Fiscalía a avanzar con pericias, relevamientos contables y nuevas medidas de prueba.
Para el Ministerio Público Fiscal, los elementos reunidos permiten atribuir al director la presunta autoría de las maniobras y al segundo imputado una participación necesaria.
La acusación plantea que el esquema habría perjudicado partidas provinciales destinadas a la alimentación de los estudiantes.
También habría incluido presuntas irregularidades en la documentación y en los mecanismos de rendición de cuentas.
Como uno de los imputados es funcionario público, el debate deberá realizarse ante un tribunal mixto. La fecha del juicio y la composición del tribunal se definirán próximamente.
Las responsabilidades que la Fiscalía les atribuye deberán analizarse durante el juicio oral. Hasta entonces, ambos son imputados.