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La Asociación de Magistrados anticipó que irá a tribunales internacionales. "Gastos de representación" del 60% y viáticos diarios de $320.000, entre las denuncias que la fiscalía desestimó.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) del Chubut consideró que no hubo delito y, en consecuencia, cerró sin imputaciones la denuncia penal impulsada por la Asociación de la Magistratura y el Funcionariado Judicial (AMFJCH) contra los seis integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial, a los que acusaron de autoasignarse exorbitantes beneficios, incluyendo mejoras de haberes y compras de vehículos de alta gama, mediante resoluciones secretas.
Desde la AMFJCH anticiparon que apelarán la decisión de los fiscales e insistirán con la denuncia que, en sus puntos más destacados dice que los ministros de la corte se otorgaron adicionales no remunerativos que incrementan sus ingresos en un 60%, y se establecieron viáticos de $320.000 por día para viajes de más de 300 kilómetros.
En el texto de la presentación contra los jueces se indica, entre otras cosas, el “otorgamiento de adicionales no remunerativos por ‘gastos de investidura’” que elevan los ingresos de los ministros de la corte “hasta un 60 %”, “la compra de vehículos de alta gama”, “la asignación de doce pasajes aéreos gratuitos por año”, “la duplicación de viáticos que alcanzan los $ 320.000 diarios para traslados superiores a 300 kilómetros” y otros puntos relacionados con contrataciones directas y exenciones impositivas.
La fiscalía explicó que la ausencia de delito se determinó luego de “una evaluación técnico-legal basada en el Código Procesal Penal del Chubut”.
El MPF descartó que exista mérito para avanzar con la apertura de una investigación formal o con la formulación de cargos.
Según se informó, “las irregularidades señaladas no constituyen por sí mismas hechos delictivos”, lo que llevó al archivo del expediente.
Tras el dictamen fiscal, la AMFJCH hizo saber que “ante la arbitrariedad e ilegalidad del dictamen de los fiscales Lucas Papini, Lucas Kolstch e Ivana Berazategui” presentará “los recursos procesales que le confiere la ley, recurriendo, si fuese necesario, a las instancias internacionales”.
En ese sentido, la Asociación afirmó que el MPF “omitió notificar a esta institución como quedaría integrado el equipo de fiscales que suscriben la decisión desestimatoria”, impidiéndole “ejercer las facultades de recusar a los mismos”.
Afirmaron que uno de los fiscales, Lucas Papini, debería haberse excusado “en razón de mantener amistad, pública y notoria, con el doctor Andrés Giacomone”, uno de los integrantes del STJ con quien co-dirige la Asociación de Derecho Administrativo de Chubut.
El comunicado de la AMFCH agrega que “el tratamiento en tiempo récord de la denuncia, comparado con cualquier otra interpuesta por un ciudadano común, sumado a la falta de investigación real de los pormenores del caso, contraviene el principio constitucional de objetividad que rige la función del Ministerio Público Fiscal que respetan, a diario, la gran mayoría de los integrantes de dicha institución”.
No es la primera vez que una denuncia contra autoridades judiciales se evalúa en esta línea técnica.
El MPF sostuvo que el control sobre los actos administrativos de jueces y juezas debe respetar los límites del derecho penal y ceñirse a normas procesales.
El dictamen que dispuso la desestimación se dictó “luego de semanas de revisión interna y no deja margen para continuar con una causa judicial penal por estos hechos”, explicaron los fiscales.