La provincia da un importante beneficio impositivo a los bancos que se sumen. Qué pasa con los préstamos que se descuentan del sueldo de empleados públicos.
La Legislatura de Chubut sancionó con respaldo de oficialismo y oposición una ley que crea un programa de alivio financiero para refinanciar deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales de los bancos.
Además, reduce los descuentos que pueden aplicarse sobre el sueldo de los empleados públicos.
El Banco del Chubut, del estado provincial, ya confirmó que se sumará al esquema, según adelantó su titular durante el tratamiento parlamentario del proyecto.
Pero la intención es que más entidades financieras se plieguen. Y a eso apuynta el beneficio al que accederán los que lo hagan.
Para acceder al programa de alivio financiero, quien tenga una deuda deberá tomar un nuevo crédito dentro del nuevo esquema.
El nuevo aporte de dinero que perciba, no será de libre disponibilidad. El beneficiario deberá usar ese desembolso exclusivamente para cancelar las obligaciones que ya mantiene.
El diputado provincial Luis Juncos, autor de la ley de refinanciación de deudas, lo resumió así.
"Es para que alguien que tenga una deuda obtenga un crédito a través de este programa y con ese dinero se cancelen las deudas que tiene cada una de las personas", explicó.
Para que el sistema funcione, cada banco debe adherirse de forma voluntaria.
Como incentivo, las entidades que se sumen tendrán una reducción del 50% en la tasa de Ingresos Brutos vinculada a esa actividad.
Para habilitar ese beneficio, fue necesario el aval de la Legislatura: no alcanzaba con una resolución administrativa. Por eso se avanzó en la sanción de una ley específica.
La condición esencial para las entidades que quieran ingresar al programa de alivio financiero es que deberán ofrecer una tasa inferior al 35% y un plazo mayor a 24 cuotas.
De todos modos, el esquema contempla que puedan existir otras variantes dentro de esos parámetros generales.
Lo que se garantiza de esta manera a los morosos son condiciones más ventajosas que las que afrontan ante su deuda acumulada actual.
El beneficio está dirigido a residentes de Chubut que se encuentren en las situaciones 1, 2 o 3 de la Central de Deudores del Banco Central y que además cumplan con un ingreso mínimo establecido por la reglamentación.
En términos prácticos, el universo que más le interesa al programa son las situaciones 2 (entre 31 y 90 días de atraso en los pagos) y 3 (entre 91 y 180), que agrupan a los deudores con morosidad efectiva.
La situación 1, en cambio, corresponde a quienes cumplen con normalidad o registran demoras mínimas, por lo que no representa un cuadro de incumplimiento real.
La segunda parte de la ley apunta a los descuentos que mutuales, cooperativas y otras entidades aplican directamente sobre los haberes de los empleados públicos para cancelar préstamos.
Hasta ahora, el límite normativo era del 40% del salario, aunque con el tiempo ese porcentaje terminó siendo superado en varios casos.
La nueva norma lo baja al 25% y establece, además, que el trabajador debe conservar como mínimo un salario mínimo, vital y móvil después de aplicados los descuentos, un piso que la ley define como intangible.
Juncos explicó que las tasas de estos créditos para estatales pueden llegar a ser hasta cinco puntos superiores a las de los préstamos bancarios comunes.
Las mutuales y cooperativas que quieran operar bajo este régimen deberán registrarse ante la provincia y respetar un tope de tasas.
El diputado Juncos vinculó las nuevas medidas con el crecimiento sostenido del endeudamiento y la morosidad en los últimos años.
Resaltó que el fenómeno que también se discute en el Congreso Nacional, donde se presentaron proyectos similares, y que afecta a ciudadanos de todo el país.
Según los datos que citó Juncos, la morosidad medida por el Banco Central rondaba menos del 3% hace dos años y hoy se ubica cerca del 13%.
"El nivel de endeudamiento de la sociedad en general y la morosidad respecto del endeudamiento ha ido creciendo y mucho en estos últimos años", sostuvo.
Con la ley ya sancionada, resta que se reglamenten los mecanismos para que las entidades financieras puedan adherirse formalmente y que se pongan en marcha las nuevas reglas para los descuentos en los recibos de sueldo de los empleados públicos.