El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, autorizó por decreto el traspaso y hay fuerte rechazo desde distintos sectores. Qué harán los inversores en el lugar.
Un decreto firmado por el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, habilitó por excepción la venta de una parcela ubicada dentro de la Península de Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno, a una empresa controlada por capitales de Emiratos Árabes.
La compradora es ASB Hospitality Calafate SAU, una empresa vinculada al grupo Albwardy Investment, que también opera las cadenas hoteleras Four Seasons, Hyatt y Meliá.
La medida generó polémica y un rápido rechazo entre organizaciones turísticas, ambientales y sectores opositores, tanto en el concejo deliberante de El Calafate como en la Legislatura provincial.
El decreto que lleva la firma del gobernador Claudio Vidal y trascendió en los últimos días tiene fecha del 1° de septiembre, y exceptúa "por única vez y con carácter estrictamente excepcional" una prohibición que alcanza a compradores extranjeros dentro de áreas protegidas provinciales.
La operación involucra a Lacustre del Sud S.A., actual propietaria del inmueble, y a ASB Hospitality Calafate SAU como compradora.
El texto oficial vincula la transferencia con el proyecto turístico "Master Plan Ecocentro", previsto para la Fracción G, Matrícula 186, del departamento Lago Argentino.
La normativa a la que tuvo acceso Ahora Calafate aclara además que se trata de una excepción que no podrá utilizarse como antecedente para futuras solicitudes similares.
De esta manera, se deja sin efecto exclusivamente para este caso un decreto provincial de 2017 que establece restricciones para la adquisición por parte de extranjeros de predios de este tipo.
Por eso, al tratarse de una compradora controlada por capitales externos, la operación requería esta autorización expresa del Poder Ejecutivo santacruceño.
ASB Hospitality Calafate S.A.U. fue constituida el 27 de julio de 2026.
Su único accionista es ASB Hospitality LLC, una empresa registrada en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, integrante del grupo Albwardy Investment, con actividad en distintos sectores económicos.
En hotelería, la cartera del grupo incluye propiedades operadas bajo marcas internacionales como Four Seasons, Hyatt y Meliá.
En Argentina ya tiene presencia en el Four Seasons Hotel Buenos Aires y en el Gran Meliá Iguazú, en las Cataratas, uno de los destinos turísticos internacionales más convocantes del país.
En abril de 2025, un directivo de Meliá Hotels International había anticipado en una entrevista un plan de expansión de la cadena en el país por más de US$200 millones, con una apertura prevista en El Calafate para fines de 2026.
"La negociación está casi cerrada, sólo falta la firma", dijo en aquel momento.
Más allá de esas definiciones, en Santa Cruz tienen poca información concreta sobre el proyecto que se proponen los inversores.
Apenas está claro que se trata de un emprendimiento turístico y que sería de alta gama.
A principos de julio de 2026, Ahora Calafate informó que el proyecto denominado "Ecocentro de Actividades, Experiencias y Vida en la Montaña" prevée la construcción de más de 20 unidades de alojamiento. Según trascendidos recientes, se trataría esencialmente de cabañas de lujo.
Días antes de conocerse el decreto, Vidal había anticipado una inversión turística extranjera superior a los 90 millones de dólares, correspondiente a una firma "muy conocida a nivel mundial" y destinada a un "lugar estratégico" de la provincia, sin identificar públicamente a la empresa ni el lugar donde se haría.
"Esto es un trabajo previo que duró 12 meses en los que la empresa interesada ya presentó el proyecto, y en este momento estamos en proceso de avalarlo con algunas correcciones", señaló el gobernador.
También aseguró que el emprendimiento generaría 300 puestos de trabajo.
De todos modos, el texto del decreto no confirma totalmente que se trate del mismo proyecto en Península de Magallanes, aunque varios elementos que lo sugieren como una posibilidad concreta.
La decisión del gobernador Claudio Vidal generó una rápida reacción entre distintos sectores vinculados con la actividad turística, ambiental y social de El Calafate y la Península de Magallanes.
Una de las primeras entidades en pronunciarse fue la Asociación Civil de Alojamientos Turísticos de El Calafate (ACATEC), que reclamó conocer en detalle las características del emprendimiento.
La entidad pidió información sobre la superficie a intervenir, el proyecto arquitectónico, la cantidad de habitaciones y camas, el consumo de agua, el tratamiento de efluentes y residuos, la demanda energética y las obras de infraestructura previstas.
ACATEC también planteó interrogantes sobre el impacto que una nueva oferta hotelera de gran escala podría tener sobre los establecimientos que ya funcionan en El Calafate.
La asociación aclaró que no cuestiona las inversiones privadas en general, sino que reclama información y planificación para conocer sus efectos ambientales y sobre la actividad turística local.
También se pronunció la Asociación de Guías de Santa Cruz (AGUISAC), que rechazó el decreto y cuestionó la falta de información pública y de participación de la comunidad de El Calafate.
La entidad reclamó conocer la documentación completa del proyecto y pidió que no se avance con intervenciones que puedan afectar el área hasta conocer sus características y alcances.
A esas voces se sumó Oscar Bellini, exguardaparque y exdiputado provincial, y uno de los referentes históricos de la defensa de la Península de Magallanes en la esfera pública de Santa Cruz.
Bellini reclamó la misma información que pidieron operadores turísticos y guías, pero además planteó un plan alternativo. Propuso que la provincia analice la posibilidad de adquirir las tierras.
La controversia llegó luego al Concejo Deliberante de El Calafate, donde se reclamó información sobre el procedimiento ambiental y, especialmente, sobre las instancias de participación ciudadana que precedieron a la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental mencionada en el decreto.
Finalmente, el tema escaló hasta la Legislatura de Santa Cruz, donde los diputados aprobaron por unanimidad de los presentes un pedido de informes al Poder Ejecutivo.
La Cámara reclamó que se remita el expediente completo de la operación y todos sus antecedentes.
Entre los puntos sobre los que se pidió información figuran:
Además, la Legislatura solicitó que el titular del Consejo Agrario Provincial concurra personalmente a la Cámara para brindar explicaciones sobre el procedimiento utilizado y responder las preguntas de los legisladores.
El pedido de informes fue aprobado con un plazo de 48 horas para que el Poder Ejecutivo remita la documentación requerida.