La sentencia la dictó un tribunal integrado por tres jueces y dos ciudadanos comunes. La Cámara Penal de Esquel rechazó un pedido de anulación de la defensa.
La Cámara en lo Penal de la ciudad de Esquel confirmó una condena de seis años de prisión para Juan Emilio Llaipén, un oficial subinspector de la Policía de Chubut que consiguió, mediante presiones y amenazas con un arma de fuego, que un detenido le transfiriera una camioneta Toyota Hilux.
El tribunal penal rechazó un pedido de la defensa de Llaipén para que fuese anulada la sentencia dictada a través de un particular mecanismo: el agente policial fue condenado por un tribunal mixto que integraron tres jueces técnicos y dos ciudadanos sin formación judicial, una modalidad prevista en causas de cierta complejidad y relevancia pública.
El defensor de Llaipén había planteado arbitrariedad de parte de los jueces técnicos, pero esto fue desestimado por la Cámara.
De acuerdo con lo que se estableció y refrendó la cámara, el policía cometió el delito de extorsión al aprovechar su condición de funcionario público para obligar a un detenido a firmar documentación vinculada a la transferencia del vehículo.
En el juicio se determinó que el 30 de mayo de 2024, entre las 14.31 y las 15.22, Llaipén ingresó al calabozo de la Comisaría Primera de Esquel donde se encontraba alojado Nicolás Maximiliano Esteban, un hombre detenido con prisión preventiva en una causa por estafa.
Ya dentro de la celda, comenzó a amenazar a Esteban hasta lograr que le firmara el certificado de transferencia de la Toyota.
Tras entregar su arma reglamentaria a otro agente, se identificó como alguien que venía de Comodoro Rivadavia por un “pedido especial” y, de acuerdo con la acusación, entre otras amenazas, le dijo al detenido: “Tenés dos opciones: o firmás o firmás”.
También le advirtió que, si no lo hacía, le iba a “meter una paliza” y a enviarlo a un pabellón con internos hostiles.
Bajo esa presión, el detenido firmó un formulario 08, que luego fue utilizado para transferir una camioneta Toyota Hilux a nombre de una tercera persona, identificada en la causa como Luciano Miguel.
El 3 de junio de 2024 se concretó la operación en el Registro del Automotor de Sarmiento, provincia de Chubut.
Los jueces de la Cámara concluyeron que existían elementos suficientes para sostener la condena, incluyendo registros de cámaras de seguridad, mensajes vinculados a la coordinación de la maniobra investigada y movimientos de dinero posteriores al hecho.
También tuvieron en cuenta el testimonio de una escribana que detectó irregularidades en la documentación utilizada para concretar la transferencia del vehículo.
Además, consideraron que el testimonio de la propia víctima gozaba de una perfecta “coherencia interna y externa”, en relación con las evidencias materiales que se recabaron.
Por caso, las cámaras de la Comisaría captaron el momento exacto en que Llaipén le exhibió el arma al detenido y se la entregó a un subalterno dentro de la celda para infundirle temor a Esteban.
La Fiscalía también aportó chats cruzados de WhatsApp entre el policía y el beneficiario del vehículo, en los que primero se coordinó la maniobra y luego se celebró el éxito obtenido y se organizó el pago al policía.
En uno de estos mensajes, según informó el Ministerio Público Fiscal, Llaipén sugirió amenazar a los padres de la víctima con que a su hijo le podría pasar algo malo en los pabellones comunes si no cooperaban.