El médico emitía certificados falsos para sacar el registro profesional en Chubut. Lo absolverán a cambio de un resarcimiento de varios millones para un hogar.
Un médico que fue protagonista de uno de los escándalos judiciales más resonantes de 2025 en Chubut, vinculado a la emisión de cientos de licencias de conducir truchas, alcanzó este lunes 4 de mayo de 2026 un acuerdo con la Fiscalía de Trelew que le permite evitar el juicio oral y público.
Para ello, el doctor Diego Soto Payva aceptó pagar una reparación económica de varios millones a favor del Hogar de Ancianos Pedro Déttori y, si cumple con esa y otras condiciones durante un año, será sobreseído.
El monto que acordó con la fiscalía para que no avance en la acusación formal no es arbitrario.
Surge de multiplicar 157 trámites irregulares que llevan su firma y fueron detectados en la investigación por el costo de cada licencia de conducir, fijado en $ 35.000.
El pago total, entonces, alcanza los $ 5.495.000, que serán a favor del Hogar de Ancianos Pedro Déttori, de la municipalidad de Trelew.
El pago se realizará en seis cuotas: la primera de $ 920.000 en junio, y las cinco restantes de $ 915.000 cada una, entre el 1° y el 10 de cada mes siguiente.
En una breve audiencia, el acuerdo fue cerrado por la fiscala Florencia Pallucchini, quien lo consideró "razonable", y el defensor de Soto Payva, Fabián Gabalachis.
El juez Fabio Monti homologó la suspensión del juicio a prueba.
"Es un delito contra la fe pública con una pena condicional y no hay perjuicio contra el Estado ni hay querellantes", explicó el magistrado para fundar su decisión, según informó Diario Jornada.
La probation fue posible porque la figura penal —falsedad ideológica y falsedad material de instrumento público— habilita una pena de hasta tres años en suspenso, y además Soto Payva no registra antecedentes penales.
Durante doce meses deberá fijar domicilio, abstenerse de consumir drogas y presentarse cada cuatro meses ante la Agencia de Supervisión para firmar. Dos familiares acompañaron al imputado en la sala.
El caso estalló en la localidad chubutense de Gaiman en febrero de 2025, cuando el intendente Darío James denunció irregularidades en la emisión de licencias de conducir profesionales.
La sospecha apuntaba al Centro Médico Gaiman, de propiedad de Soto Payva: los certificados de aptitud psicológica llevaban la firma y el sello de una licenciada en Psicología, Julieta Ibarra, que había dejado de trabajar en ese centro en abril de 2023.
Los primeros 35 casos detectados en esa localidad derivaron en una serie de allanamientos el 28 de febrero, tanto en el consultorio como en domicilios de Trelew y Dolavon.
Ese mismo día, el médico fue detenido.
La fiscal Julieta Gamarra, a cargo de la investigación, explicó en conferencia de prensa en aquel momento cómo era el mecanismo del "negocio" del médico policial.
Soto Payva completaba los formularios con la rúbrica apócrifa de la psicóloga y luego los rubricaba él mismo, certificando la aptitud física y psíquica sin que ningún profesional hubiera examinado a los solicitantes.
"Sabiendo que era falso el certificado médico de la psicóloga, firmaba diciendo que esa persona era apta desde lo psíquico, visual y auditivo", señaló en la acusación.
Advirtió además que el médico tenía otros centros de atención en Trelew y Dolavon, y que era "más que seguro" que la misma irregularidad se repetía en todos ellos.
"Hace dos horas que estamos y ya encontramos un montón de certificados", declaró poco después la fiscal Gamarra mientras encabezaba un allanamiento en la Dirección de Tránsito de Trelew .
La predicción se confirmó rápidamente. Al revisar los registros en esa dependencia municipal, el equipo fiscal encontró en pocas horas una cantidad significativa de certificados irregulares.
Más tarde, algo similar ocurrió en Dolavon.
De los 35 casos iniciales en Gaiman, la investigación fue escalando hasta superar los 420 formularios truchos en las tres localidades, extendidos entre mayo de 2023 y enero de 2025, según se informó en aquel momento, aunque en el cálculo final del resarcimiento se tomaron como probados sólol 157.
Mientras surgían evidencias en su contra, Soto Payva cumplió un mes de prisión preventiva.
En la audiencia de revisión de abril de 2025, la Fiscalía pidió extender la detención argumentando riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación, apoyándose en la magnitud del caso.
Sin embargo, en ese momento el juez Monti consideró que esos riesgos podían neutralizarse con medidas alternativas y ordenó su libertad.
Le prohibió salir del país, contactar a los afectados (titulares de las licencias truchas) y comunicarse con quienes habían trabajado en sus centros médicos.
El médico también se desempeñaba como oficial subinspector de la Policía del Chubut y estaba habilitado por la Agencia de Seguridad Vial como profesional examinador de los aspirantes a licencias profesionales de conducri.
A mediados de 2025, la investigación sumó un segundo imputado: Jeremías Berruhet, estudiante avanzado de psicología sin título ni matrícula habilitante, acusado de haber firmado 322 certificados de aptitud como si fuese un profesional recibido (de ahí la diferencia con el número que se tomó para el acuerdo del médico).
El juez Monti autorizó la apertura de investigación en su contra por un plazo de seis meses y amplió simultáneamente la imputación contra Soto Payva.
Con el acuerdo homologado este lunes, el expediente principal llega a su fin sin juicio oral, ya que el otro acusado ya había accedido también a una probation.
La causa que comenzó con 35 denuncias en la pequeña y pintoresca localidad galesa de Chubut cierra con un pago en cuotas y doce meses de condiciones que, de cumplirse, borrarán los antecedentes del médico que durante casi dos años firmó certificados que nadie revisó.