Solicitó que la responsable de la cartera de Salud desglose las diferentes causas que derivaron en la interrupción legal del embarazo, tras recordar que Peve informó que entre enero y octubre de este año se realizaron en la provincia 883 ILE.
Al respecto, el proyecto solicita conocer la cantidad de casos que se debieron violación, peligro de vida o enfermedad de la mujer embarazada, abuso sexual a personas menores de edad y estadísticas referidas al período de gestación en cada caso. A ello agrega la necesidad de requerir información sobre el número de mujeres que en 2020 solicitaron una ILE y fueron derivadas por no encontrarse entre las causales para acceder a la práctica.
A su vez, advierte en sus fundamentos su preocupación porque, en 10 meses, casi 900 personas pudieron acceder a una ILE por causales que están claramente enmarcadas en el Código Penal, es decir, por violación o por encontrarse en riesgo su vida o su salud. La iniciativa sostiene que el número de casos resulta muy alto.
"Es llamativo que, en 10 meses, casi 900 personas por nacer hayan sido producto de una violación o que casi 900 mujeres padezcan un peligro en su vida o su salud y que esto no haya podido evitarse por otros medios", sostiene el proyecto de resolución.