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La familia de una niña radicó la denuncia penal por "tocamientos" contra un docente y el Ministerio Público Fiscal inició una investigación.
El Ministerio Público Fiscal de Neuquén investiga un presunto caso de abuso sexual sin acceso carnal, tipificado como "tocamientos", en un colegio privado de la región. La víctima es una niña. El denunciado, un docente.
Según pudo confirmar LMNeuquén tras algunos días de averiguaciones, hay una denuncia y se encuentra en etapa preliminar.
"Hay una denuncia de padres de una niña contra un docente", informaron fuentes judiciales a este medio. No obstante, la investigación es inicial y se indicó que todavía no se pudo avanzar con la Cámara Gessel.
"El fiscal del caso Gastón Medina, ya tiene la denuncia de familiares de la niña y como primera medida ordenó el secuestro de las cámaras del establecimiento educativo", agregaron desde fiscalía.
Además, se le dio intervención a la Defensoría del Niño y el Adolescente, y solicitó que se evalúe si la niña está en condiciones de realizar una Cámara Gessel para brindar su testimonio.
El caso se investiga como supuesto abuso sexual simple. "La denuncia en general dice que el profesor le realizó tocamientos", informaron las fuentes consultadas.
En declaraciones radiales, el periodista Rigo Castaño aportó más datos de una investigación que se sigue con hermetismo, partiendo de la base de que el hecho que se denuncia es de instancia privada y afecta a una niña.
En un principio, la familia creyó que se trataba de un caso de bullying escolar. Sin embargo, al intervenir la institución educativa, se inició una investigación interna que derivó en una denuncia penal. Las primeras actuaciones habrían arrojado elementos suficientes para considerar posible un caso de abuso sexual sin acceso, lo que activó de inmediato los protocolos previstos tanto en el ámbito educativo como en el judicial y policial.
El docente señalado ya habría sido separado de su cargo preventivamente. La escuela continúa funcionando con normalidad, aunque bajo la estricta supervisión de las autoridades correspondientes. Por tratarse de un delito de instancia privada y de extrema sensibilidad, se manejan los detalles con suma cautela para resguardar tanto a la víctima como al debido proceso.
Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el padre de la niña es un efectivo de la Policía provincial. En ese marco, y como medida preventiva, sus superiores decidieron retirarle el arma reglamentaria y brindarle asistencia psicológica, tanto a él como a su núcleo familiar. La decisión fue tomada en acuerdo con el propio agente, en un esfuerzo por contener emocionalmente una situación de altísima carga afectiva y evitar consecuencias mayores.
El protocolo aplicado por la fuerza policial no parece ser algo habitual, ya que medidas como la retención del arma suelen estar asociadas más bien a casos de violencia de género o crisis personales. Sin embargo, se valoró la aplicación proactiva de esta acción como parte de una política de cuidado de la salud mental dentro de las fuerzas de seguridad. Desde el Ministerio de Seguridad se había planteado semanas atrás la necesidad de fortalecer el abordaje psicológico en situaciones de estrés extremo entre sus miembros, en un contexto de creciente preocupación por casos de autolesiones o suicidios.
Por el momento, no se han emitido declaraciones oficiales. El hermetismo busca evitar entorpecer el curso de la investigación y proteger los derechos de todas las partes involucradas, especialmente los de la víctima menor de edad.
Sin embargo, el silencio tiene la contrapartida de generar versiones falsas o erroneas que se viralizan en las redes sociales y grupos de mensajería instantáneas. Por eso, es necesario aclarar que el hecho no ocurrió en una institución pública, como se llegó a especular, y ofrecer alguna información, sin aportar referencias personales.
Se sabe también que, desde el primer momento se activaron los mecanismos institucionales correspondientes. Las autoridades escolares, judiciales y policiales están actuando con responsabilidad, discreción y celeridad.
El caso, de enorme sensibilidad social, vuelve a poner en foco en la importancia de los canales de contención dentro de las instituciones educativas, el acompañamiento profesional a las víctimas y sus familias, y la necesidad de abordar con responsabilidad y cuidado desde los medios de comunicación cualquier situación que involucre a un menor de edad, más aún si el hecho que se denuncia vulnera su integridad.
La comunidad educativa y la ciudadanía en general exigen, con razón, transparencia, celeridad y firmeza en este tipo de hechos. Pero también es fundamental evitar la difusión de información no verificada que pueda entorpecer el proceso judicial o revictimizar a quienes ya atraviesan una situación traumática. La causa sigue su curso sin otras novedades, por el momento.