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Franco Exequiel Puentes y Carina Ayelén Antiñir fueron condenados por el homicidio del abuelo Domingo Antonio Martínez, a quien mataron a golpes para robarle la jubilación. Pero el fallo aún no está firme porque las defensas presentaron un recurso extraordinario federal ante la la Corte Suprema de Justicia, por lo que la Justicia neuquina resolvió extender la prisión preventiva de ambos.
La teoría del caso que logró acreditar el Ministerio Público Fiscal fue que el hecho ocurrió el viernes 7 de mayo del 2021, aproximadamente a las 17, en la ciudad de Neuquén. La víctima, un hombre de 97 años, había llegado a su casa y fue sorprendido por Puentes y Antiñir, quienes ingresaron a la vivienda, lo golpearon, le sustrajeron 8000 pesos, un parlante portátil y una mochila. Días después de ser hospitalizado, el abuelo Antonio falleció producto de los golpes. El 13 de mayo, 6 días después del hecho, mientras la víctima aún agonizaba, Puentes y Antiñir fueron detenidos y desde entonces nunca vieron la luz.
El 22 de marzo de 2022, un tribunal colegiado, por unanimidad, declaró penalmente responsables a ambos imputados por el delito de homicidio en ocasión de robo, en calidad de coautores. Luego, el primero de junio, el mismo tribunal colegiado impuso a Carina Ayelén Antiñir 10 años y 8 meses de prisión, y a Franco Exequiel Puentes 12 años de prisión efectiva.
El 12 de agosto, un tribunal de impugnación confirmó la condena de ambos imputados. Posteriormente las defensas de ambos imputados presentaron un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia. Y en ese contexto, el asistente letrado de la fiscalía Bruno Miciullo dijo que "fue un proceso que en menos de un año y medio se resolvió la situación de los imputados y solamente resta la instancia del recurso federal presentado. El riesgo de fuga y no sometimiento se encuentran agravados”.
Además Miciullo aseguró que no hubo situaciones nuevas que hagan morigerar la prisión preventiva. “Estamos a un paso que la pena comience a ser ejecutada”, remarcó. En este sentido planteó la necesidad de que se extienda la prisión preventiva por el término de tres meses, a los fines de asegurar el cumplimiento de la pena. El pedido fue acompañado por la abogada querellante quien intervino en representación de la familia de la víctima. El juez de garantías Marcos Lúpica Cristo extendió la medida preventiva por tres meses.