La Justicia inició una investigación por violencia de género. El imputado no podrá acercarse ni comunicarse con la mujer.
Una causa por violencia de género avanzó en Zapala luego de que la fiscalía acusara a un hombre de haber agredido físicamente a su expareja dentro de una vivienda. La Justicia tuvo por iniciada la investigación penal y fijó medidas de protección para resguardar a la mujer mientras el caso continúa.
La audiencia se realizó este miércoles ante una jueza de garantías. Allí, la fiscal del caso Laura Pizzipaulo formuló cargos contra el varón, identificado por sus iniciales como J.P.C.M., por un hecho ocurrido el 15 de febrero de 2026, alrededor de las 5 de la madrugada, en una casa de la ciudad de Zapala.
Según la teoría presentada por el Ministerio Público Fiscal, todo comenzó después de una discusión. En ese contexto, el imputado habría seguido a la mujer hasta una habitación de la vivienda y allí la habría atacado físicamente. La acusación sostiene que la tomó del cuello, la golpeó contra una ventana y luego impidió que pudiera salir del lugar para pedir ayuda.
De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, cuando la mujer intentó retirarse de la casa, el hombre la habría sujetado del pelo para volver a ingresarla al inmueble. Luego, siempre según la acusación fiscal, la golpeó con sus manos en distintas partes del cuerpo y la inmovilizó contra una pared para evitar que se fuera.
Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió hematomas, escoriaciones y dolores en distintas zonas del cuerpo. La fiscalía incorporó una evaluación médica en la que se determinó que las lesiones fueron leves, una calificación que se aplica cuando el tiempo estimado de recuperación es inferior a los 30 días.
A partir de esos elementos, Pizzipaulo le atribuyó a J.P.C.M. el delito de lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra una expareja y por mediar violencia de género, en carácter de autor.
Durante la audiencia, la defensa no cuestionó la formulación de cargos ni se opuso al plazo de investigación solicitado por la fiscalía. Ese período fue fijado en 60 días, tiempo durante el cual se deberán reunir nuevas pruebas y avanzar con las medidas necesarias para sostener o revisar la acusación.
Tras escuchar a las partes, la jueza de garantías Leticia Lorenzo tuvo por iniciada la investigación penal e hizo lugar al pedido de la fiscalía para imponer medidas cautelares destinadas a proteger a la víctima.
Entre las restricciones fijadas, el imputado deberá abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con la mujer. La prohibición incluye comunicaciones directas o indirectas, llamadas telefónicas, mensajes, redes sociales o cualquier intento de acercamiento a través de terceras personas.
Además, la jueza ordenó que J.P.C.M. no podrá acercarse a menos de 100 metros del lugar donde se encuentre la víctima. La medida busca evitar nuevos episodios de violencia o situaciones de intimidación mientras avance el proceso judicial.
La investigación permanecerá abierta hasta principios de agosto. Para esa fecha está prevista una nueva audiencia, en la que se evaluará el avance del caso y se definirán los próximos pasos dentro del proceso penal.
En esa instancia, la fiscalía podrá informar qué medidas se concretaron durante el plazo otorgado, qué pruebas fueron incorporadas y si existen elementos suficientes para continuar hacia una etapa posterior. Mientras tanto, las restricciones impuestas al acusado seguirán vigentes como parte de las medidas de protección dictadas por la Justicia.