Su agresor acumula múltiples denuncias y la joven reclama respuestas al Poder Judicial. La amenaza de "sacarle a su hija y dejarla tirada" se concretó.
"La única forma que tiene de dañarme es a través de nuestra hija". La frase sale sin titubeos de la boca de Camila González, después de contar a LM Neuquén el hostigamiento y amenazas de su ex pareja. Este 3 de junio, en una nueva movilización de Ni Una Menos en Neuquén, junto a miles de mujeres, llevará el botón antipánico y reclamará un freno a la violencia psicológica, física y vicaria.
Ese botón de alerta es uno de los mil dispositivos que se otorgaron a víctimas de violencia de género en el último tiempo, una escalada preocupante para los organismos como la Subsecretaría de Mujeres, desde donde advirtieron que la cantidad de mujeres en riesgo de sufrir un femicidio es 54 y en estos cinco meses de 2026 se triplicó respecto al año anterior.
Mientras el movimiento feminista vuelve a ocupar las calles para reclamar políticas efectivas contra las violencias machistas, la joven madre de 27 años asegura que vive atrapada en una situación que la Justicia todavía no logra resolver. No habla solamente de amenazas, hostigamientos o golpes. Habla de algo que, según sostiene, comenzó a identificar después de la separación: el uso de su hija de dos años como herramienta para seguir ejerciendo violencia sobre ella.
También, lleva a la marcha una consigna que atraviesa su historia: denunciar y que la Justicia actúe antes de que sea tarde. "Lo único que quiero es proteger a mi hija y que podamos hacer una vida normal", resume.
La gota que rebalsó el vaso ocurrió el miércoles 27 de mayo cuando él le llevó la hija a la casa, dentro del acuerdo homologado ante el Juzgado de Familia ubicado en calle Leloir.
Camila denunció que ya le había entregado a su hija a quien tenía a upa cuando el hombre empezó a intentar cambiar el acuerdo y terminó llevándose a la menor por la fuerza en medio de una discusión, mientras ella intentaba impedirlo.
"Mi hija empezó a llorar y gritar porque me la sacó fuerte. La apretó. Yo intentaba que la dejara. Me pegaba piñas en el brazo para que lo soltara", dijo y recordó que en ocasiones anteriores le había pegado en las piernas. Durante el episodio hubo gritos, amenazas y también afirmó que una conducción temeraria con la niña en brazos. "Se la llevó y aceleró con la puerta abierta, chocó contra un auto estacionado y después contra un poste".
Al día siguiente, la mamá del varón, que es funcionaria en el sistema judicial, le devolvió a su hija.
A partir del registro en audio de la situación y de sumar testigos de lo ocurrido hizo una denuncia en la Comisaría y también expuso al día siguiente en el Juzgado de Familia el pedido de interrupción del régimen de comunicación vigente. Sin embargo, asegura que todavía espera una resolución definitiva.
"La respuesta siempre son parches. Hago una denuncia, me dan una medida cautelar, pasan los meses, se vencen los plazos y todo vuelve a empezar", cuestionó. En este sentido, destacó la "astucia" del hombre, quien conoce los plazos de las medidas, por lo que aguarda el momento en que las cautelares se acaban para volver a ejercer violencia.
El hombre acumuló un historial de violencia con cuatro expedientes de violencia familiar iniciados por distintas mujeres. La primera vez que lo denunciaron fue en 2015, el año de la histórica movilización por Ni una Menos por el femicidio de Chiara Páez en manos de su novio, Manuel Mansilla.
Luego siguen 2018, y 2024 y 2025 (estas últimas por parte de Camila). Pero cuando publicó la grabación de audio del último episodio de violencia en sus redes sociales comenzó a recibir mensajes de otras mujeres que aseguraban que habían pasado experiencias similares y no denunciaron por miedo. Incluso una de ellas conserva una amenazas que les había hecho mediante mensajes.
Actualmente Camila cuenta con una orden de restricción, un botón antipánico y una consigna policial dispuesta por 90 días. Las medidas fueron adoptadas luego de nuevas denuncias realizadas ante organismos judiciales y policiales.
Sin embargo, sostiene que la protección formal no alcanza para devolverle tranquilidad. "El lunes estuve encerrada todo el día con mi hija porque no sabía qué podía hacer. Me da miedo llevarla a una plaza o salir a caminar. No me siento resguardada", expresó y aseguró que no está pudiendo ir a trabajar a la concesionaria donde es empleada.
La mujer considera que ese antecedente debería ser tenido en cuenta por la Justicia al momento de evaluar el riesgo. "¿Cómo puede ser que alguien acumule denuncias durante diez años y siga actuando de la misma manera?", se preguntó y agregó: "sabe lo que hizo y sigue impune".
Su principal preocupación, explica, es la situación de su hija. "La violencia vicaria es la única forma que tiene de seguir haciéndome daño. Me amenaza con sacarme a la nena porque sabe que es lo que más me importa", afirmó.
Los mensajes recibidos exponen un nivel de violencia que generó gran preocupación por lo que le pueda suceder a la niña.
Camila sostiene que la menor también quedó expuesta a escenas de violencia y tensión que ninguna infancia debería atravesar. "Yo me separé justamente para que mi hija no creciera viendo estas situaciones. Pero el problema no terminó", lamentó.
A lo largo de la entrevista repite una idea que considera central: la necesidad de actuar antes de que la violencia se extreme al punto de formar parte de la estadística que mide que en Argentina un hombre mata a una mujer cada 31 horas. "No vamos a esperar que me maten a mí, que mate a alguien o que le haga algo a mi hija para que recién se actúe", sostuvo.
La relación había comenzado en 2022, al poco tiempo de conocerse en el gimnasio Terra. Oriunda de Plaza Huincul, Camila había llegado a Neuquén para trabajar. "Él era muy conocido, los dos teníamos un proyecto en común, formar una familia, y después que la abuela lo echó de la casa vino a vivir conmigo", relató.
Mientras él era despedido una y otra vez de trabajos que comenzaba o renunciaba, ella sola mantenía el hogar trabajando en Personal Flow, después Sancor Seguros hasta el actual, en Nippon Car. A medida que se aproximaba el nacimiento de su hija los malos tratos escalaron.
En una ocasión en que la joven cursaba 8 meses de embarazo, tenía un curso de trabajo de parto pero él se negaba a ir. Luego, le impidió usar la camioneta para que ella pueda ir, y terminó perseguiéndola, insultándola y amenazándola mientras ella se iba caminando.
Según su testimonio, con el paso del tiempo aparecieron episodios de violencia verbal y psicológica que fueron deteriorando su vida cotidiana. "Al principio no podía reconocerlo. Me sentía culpable y pensaba que la que estaba mal era yo", contó.
"Mi familia le caía mal. Si iba a visitarlos era un problema. Sin darme cuenta terminé aislada", explicó. Entonces, Camila recurrió a una terapia psicológica de manera virtual a escondidas de él para reunir fuerzas y poder abandonar la relación. "Tenía miedo de irme. Miedo de que me lastimara. Me sentía atrapada", afirmó.
La separación se concretó a fines de 2024 y, desde entonces, comenzaron las denuncias formales. La primera que hizo, fue porque después de decidir terminar la relación, su expareja se negó durante semanas a abandonar el departamento donde vivían.
Según contó, la situación la obligó a recurrir a la Oficina de Violencia y a pedir asistencia policial para concretar su salida. "No se quería ir de mi casa. Me fui un fin de semana para darle tiempo a que se llevara sus cosas, pero cuando volví seguía ahí", recordó.
Ante ese escenario, elaboró junto a los organismos de asistencia un plan de acción que incluyó el acompañamiento de efectivos policiales y una consigna en el domicilio. Recién entonces, y tras varios días de intervención, logró que abandonara la vivienda. "Era la única manera de sacarlo. Yo ya tenía miedo y no me sentía segura", afirmó y describió que logró una orden de restricción.
Su historia expone una realidad que organizaciones feministas vienen denunciando desde hace años: la distancia que muchas veces existe entre denunciar y sentirse protegida. Porque mientras los expedientes quedan entre juzgados, oficinas de violencia y comisarías, las víctimas tratan de encontrar una red de contención y siguen conviviendo con el miedo cotidiano. "Fui a denunciar a la Oficina de Violencia me dicen que vaya al Juzgado, y del Juzgado me mandan a la Oficina, se van pateando", expuso.
Mientras se prepara para marchar junto a su hija en la marcha del Ni Una Menos en Neuquén aseguró: "Es importante que nos acompañemos entre nosotras, en mi caso por las fallas en la Justicia, como te decía, no vamos a esperar que me mate a mi, mate a alguien o le haga algo a mi nena para que actúe".
Por último recalcó: "hay que escuchar a las víctimas desde las primeras denuncias, es importante porque hacemos más ruido espero que el sistema se pueda mejorar y que dejen de morir tantas chicas por femicidios, porque esto es el paso previo, entonces hay que prestarle más atención".