La medida pesa sobre tres trabajadores municipales imputados por el delito de daño agravado. El reclamo salarial del SOYEM al municipio continua.
La justicia neuquina resolvió prorrogar las medidas restrictivas que pesan sobre tres trabajadores municipales imputados por el incendio y daños provocados en el edificio de Recaudaciones de la Municipalidad de Chos Malal, en el marco de un conflicto salarial que mantiene tensión entre el Ejecutivo local y el gremio municipal.
La acusación a los estatales sostiene que utilizaron neumáticos incendiados y acercaron un tambor en llamas hacia uno de los accesos del inmueble comunal. Por estos hechos, se les atribuye el delito de daño agravado. La formulación de cargos había sido avalada la semana pasada por la jueza de garantías Bibiana Ojeda, quien dispuso las medidas cautelares ahora prorrogadas.
Luego, se conoció que una de las mujeres es madre de dos hijos narco, quienes el mes pasado fueron imputados por comercializar cocaína. Se trata de Juan Gabriel Hidalgo y de Lautaro Lihuen Hidalgo, quienes el 2 de abril último un allanamiento en su vivienda secuestro clorhidrato de cocaína fraccionado y acondicionado para su venta.
La decisión fue tomada este viernes por el juez Ignacio Pombo, a pedido de la fiscal Natalia Rivera, quien solicitó extender las restricciones que rigen sobre Mabel Meriño, Marcela Manríquez y Jorge Alfredo Albarrán. Las medidas se mantendrán vigentes hasta el 7 de junio.
Las disposiciones judiciales establecen la prohibición absoluta de contacto —por cualquier medio— con un grupo de trabajadores municipales, así como la imposibilidad de acercarse a menos de 100 metros del edificio de Recaudaciones.
Cabe recordar que los tres imputados fueron acusados por el Ministerio Público Fiscal de haber provocado un incendio el pasado 15 de abril mientras continuaba el bloqueo al edificio municipal iniciado el 30 de marzo. Según la investigación, entre las 5:27 y las 9:00 de ese día, Marcela Manríquez habría colocado un neumático sobre un tacho metálico y lo encendió, dando inicio a un hecho de vandalismo al que luego se sumaron Meriño y Albarrán.
Los fiscales sostienen que el humo, el calor y las llamas generaron manchas de hollín en el frente del inmueble, dañaron un cartel institucional y pusieron en riesgo a trabajadores que ingresaron al edificio alrededor de las 8 de la mañana.
El episodio se produjo en medio de una disputa salarial entre el Ejecutivo municipal y el sindicato SOYEM. El gobierno local, encabezado por el intendente Nicolás Albarracín, había ofrecido una actualización de salarios según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el pago de la ropa de trabajo, propuesta que fue aceptada inicialmente por el gremio y avalada por el Concejo Deliberante.
Sin embargo, posteriormente el sindicato inició medidas de protesta y reclamó un incremento del 60% en el salario básico, un porcentaje que el municipio asegura no poder afrontar sin comprometer la prestación de servicios a la comunidad.
El SOYEM está conducido por Ernesto Pereyra y Juan Carlos Olave, ambos con antecedentes en la gestión municipal anterior. En ese mismo período, Marcela Manríquez se desempeñaba como subsecretaria de Turismo.
Con la prórroga de las restricciones, la causa judicial continúa su curso mientras se profundiza el conflicto laboral que dio origen a los hechos investigados.