Chos Malal: una de las municipales imputadas por el incendio es madre de dos hijos narco

Este jueves, tres trabajadores municipales de Chos Malal fueron imputados por provocar daños en el edificio de la Secretaría de Economía y Recursos Públicos durante una protesta gremial realizada frente al municipio. En las últimas horas, se conoció que una de las mujeres es madre de dos hijos narco, quienes el mes pasado fueron imputados por comercializar cocaína.

La acusación a los estatales sostiene que utilizaron neumáticos incendiados y acercaron un tambor en llamas hacia uno de los accesos del inmueble comunal.

De acuerdo a la teoría presentada por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF), el episodio ocurrió entre las 5:27 y las 9 de la mañana. Según la investigación, una de las imputadas inició un foco ígneo frente a uno de los ingresos del municipio utilizando papeles, cartones y neumáticos.

Posteriormente, otra de las acusadas habría pateado el recipiente metálico en dirección a la puerta del sector de Rentas y Recaudaciones. Siempre según la acusación fiscal, el tercer imputado indicó que acercaran aún más el tambor en combustión al acceso principal y él mismo volvió a empujarlo hacia la entrada.

“El humo, el calor y el fuego ocasionaron manchas de hollín sobre el frente del inmueble, afectando un cartel institucional y letras corpóreas”, detalló el MPF.

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Vínculos narco

Una de las tres personas imputadas por los daños en la Municipalidad de Chos Malal es madre de dos hombres de 26 y 32 años, quienes el pasado mes fueron acusados por manejar un kiosco narco, donde hallaron 300 dosis de cocaína.

Se trata de Marcela Manríquez, madre de Juan Gabriel Hidalgo y de Lautaro Lihuen Hidalgo, quienes el 2 de abril último fueron sorprendidos en su vivienda de la calle Francis Albert del barrio Uriburu con clorhidrato de cocaína fraccionado y acondicionado para su venta. El hallazgo de droga fue producto de un allanamiento.

Allí encontraron un plato con restos de cocaína, 9 pastillas que supuestamente utilizaban para el rebaje de la droga, previo al fraccionamiento y posterior comercialización, 141 gramos de clorhidrato de cocaína compactado, (una parte compactada y otra en envoltorios), cantidad que equivale a unas 300 dosis aproximadamente, según precisó la fiscal del caso en la audiencia.

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Además, se halló una balanza de precisión, tres terminales de pago electrónico (posnet) y dinero en efectivo (pesos argentinos y chilenos).

El delito atribuido a los acusados fue tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autores.

Asimismo, durante la audiencia, los representantes del MPF solicitaron que ambos acusados permanezcan detenidos con prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria —ante la falta de cupo en unidades de detención—, pedido que fue rechazado por un juez de garantías, por lo que se requirió la revisión de esa decisión. En simultáneo, se requirió el embargo e inhibición de bienes de ambos.

El juez de garantías, Lisandro Borgonovo, rechazó la detención domiciliaria y dispuso, en su lugar, la prohibición de salir de Chos Malal y la obligación de presentarse diariamente en la comisaría. No obstante, el magistrado sí aceptó la inhibición de bienes y el embargo.