El hombre fue acusado de tenencia ilegal. En los próximos días se definirá la pena.
El Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF) declaró penalmente responsable a un hombre de la ciudad capital por tenencia ilegal de armas de fuego. La condena se dio luego de que el acusado admitiera su responsabilidad.
De acuerdo a la información brindada por el MPF, la audiencia se realizó este viernes en la Ciudad Judicial. La jueza de garantías Natalia Pelosso avaló el acuerdo parcial presentado por la fiscal del caso Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega.
En ese contexto, el imputado, identificado como Jonathan Jesús Romero, admitió la responsabilidad en los hechos y renunció al juicio oral. Esto permitió a la justicia avanzar con una resolución más rápida del proceso.
La magistrada tuvo por acreditada la responsabilidad penal de Romero por los delitos de tenencia de arma de fuego de uso civil, en concurso real con tenencia de arma de uso civil condicional (seis hechos), además de encubrimiento por receptación dolosa, todo en carácter de autor. Ahora, la causa ingresará en una nueva etapa donde la Oficina Judicial deberá fijar en los próximos días una audiencia para determinar la pena.
El hecho por el cual fue condenado Romero tuvo lugar el 9 de octubre de 2025, alrededor de las 8:20, durante un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Cuenca XV de Neuquén. El mismo tuvo lugar a raíz de una causa originada por amenazas registrada en septiembre del mismo año.
En dicho procedimiento, la policía secuestró siete armas de fuego aptas para el disparo, cuatro de ellas con la numeración suprimida. Además, municiones de distintos calibres y otros elementos vinculados.
El armamento se encontraba escondido en un insólito sector. Las armas permanecían enterradas en el patio del domicilio, lo que, según la fiscalía, evidenció que el imputado tenía pleno conocimiento de su existencia. Asimismo, se comprobó que Romero no contaba con autorización legal para su tenencia.
Durante la audiencia, la fiscalía presentó las pruebas que sostuvieron la acusación. Entre ellas, los testimonios policiales y pericias balísticas que confirmaron la aptitud de las armas para el disparo. Además, se mostraron los informes del organismo de control que acreditaron que Romero no era legítimo usuario y análisis de comunicaciones telefónicas que reforzaron su vinculación con los elementos secuestrados.
Con el reconocimiento de los hechos por parte del imputado y la homologación del acuerdo, la causa avanza ahora hacia la etapa final. En los próximos días, la justicia definirá la pena en función de la gravedad de los delitos y las circunstancias del caso.