La investigación comenzó por denuncias anónimas de vecinos del barrio Gregorio Álvarez. Hubo allanamientos, secuestro de cocaína, éxtasis, dinero y vehículos.
La Justicia de Neuquén formuló cargos contra cuatro personas acusadas de comercializar droga en el barrio Gregorio Álvarez, en una causa que se inició a partir de denuncias realizadas por vecinos cansados del movimiento constante en una vivienda señalada como un kiosco narco.
La audiencia se realizó el viernes y estuvo encabezada por las fiscales Paula Yerfino y Silvia Moreira, junto a la coordinadora de la fiscalía de Narcocriminalidad, Mariana Querejeta. Según la acusación, entre el 10 de marzo y el 7 de mayo de este año, los imputados vendían cocaína y marihuana tanto desde una casa del barrio como bajo la modalidad delivery, utilizando autos y motocicletas.
Los acusados fueron identificados por sus iniciales como O.A.D.R., B.L.I.L., T.A.M. y V.S.M. Para la fiscalía, todos participaron de manera conjunta en la comercialización de drogas y tenían distintos roles dentro de la organización.
De acuerdo con la teoría presentada por el Ministerio Público Fiscal, la investigación se inició luego de varias denuncias anónimas realizadas a través del Código QR del MPF y de la aplicación Neuquén Te Cuida.
En esos reportes, vecinos advertían sobre la presunta venta de droga “durante las 24 horas” en una vivienda del barrio Gregorio Álvarez. A partir de esa información, personal del Departamento Antinarcóticos comenzó con tareas de vigilancia y seguimiento.
Según explicó la fiscal Yerfino, durante la investigación se realizaron observaciones encubiertas, seguimientos, análisis de comunicaciones y hasta utilización de drones para monitorear los movimientos en el lugar.
La fiscalía sostuvo además que durante el período investigado detectaron 89 movimientos compatibles con operaciones de comercialización de estupefacientes.
Según la acusación, las ventas se realizaban de distintas maneras. Algunas personas llegaban directamente hasta la vivienda y compraban desde una ventana que daba hacia la calle. Otras operaciones se concretaban mediante entregas en vehículos y motocicletas, en modalidad delivery.
Para la fiscalía, O.A.D.R. y B.L.I.L. tenían un rol central porque vivían en la casa investigada y controlaban el lugar señalado como punto de expendio.
En tanto, T.A.M. y V.S.M. también habrían participado activamente de las maniobras. De acuerdo con la investigación, tenían acceso al inmueble, contaban con droga fraccionada entre sus pertenencias y participaban tanto en la entrega de sustancias como en el cobro del dinero.
El 7 de mayo se realizaron allanamientos simultáneos en tres domicilios vinculados a la causa. Durante los procedimientos, la Policía secuestró distintos tipos de droga, dinero y elementos considerados importantes para la investigación.
Entre lo secuestrado había:
125,8 gramos de cocaína.
34 gramos de cogollos de cannabis.
15 pastillas de éxtasis.
Más de 12 gramos de MDMA.
Ketamina.
Dinero en efectivo.
Balanzas de precisión.
Recortes de nylon utilizados para fraccionamiento.
Anotaciones de interés.
Vehículos presuntamente usados para repartir droga.
Además, en una habitación alquilada por O.A.D.R. encontraron un arma de fuego calibre 22 apta para el disparo. Por ese motivo, también se le imputó el delito de tenencia simple de arma de fuego de uso civil.
La fiscalía acusó a las cuatro personas por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de tres o más personas, en calidad de coautores.
En el caso de O.A.D.R., además, se sumó la imputación por tenencia simple de arma de fuego. Durante la audiencia, las fiscales también solicitaron distintas medidas de coerción mientras avanza la investigación.
Para O.A.D.R. y B.L.I.L., el Ministerio Público Fiscal pidió prisión preventiva domiciliaria por cuatro meses. Entre los argumentos, mencionaron el riesgo de fuga, la posibilidad de entorpecer la investigación y el temor de vecinos a declarar abiertamente debido al movimiento que existía en el lugar.
Para los otros dos imputados, T.A.M. y V.S.M., solicitaron medidas cautelares menos gravosas: fijar domicilio a más de 200 metros de la vivienda investigada, no acercarse al inmueble, no salir de la provincia y presentarse cada 15 días en una comisaría.
Además, la coordinadora Mariana Querejeta pidió la clausura de la vivienda investigada por cuatro meses al considerar que era utilizada como punto de venta de drogas y que cerrar el lugar resultaba clave para evitar que continuara la actividad ilegal.
Finalmente, el juez de garantías Juan Guaita avaló el planteo de la fiscalía. Tuvo por formulados los cargos, fijó un plazo de investigación de cuatro meses y ordenó la prisión preventiva domiciliaria para O.A.D.R. y B.L.I.L., con rondines policiales diarios y colocación de tobillera electrónica cuando exista disponibilidad técnica.
También dispuso la libertad de T.A.M. y V.S.M. bajo medidas cautelares y ordenó la clausura del inmueble investigado durante cuatro meses.