{# #} {# #}
La Comisión Especial de Jurado de Enjuiciamiento declaró por unanimidad la inadmisibilidad de la denuncia que habían formulado los legisladores provinciales del Frente de Todos contra el fiscal jefe Fernando Rubio, por su actuación en la causa penal que se les inició a los concejales de Villa La Angostura por presunta desobediencia por sesionar sin la autorización para ello.
La resolución, que se dictó este 17 de mayo, trató la denuncia interpuesta por los legisladores provinciales del Frente de Todos, quienes apuntaron contra el fiscal jefe de la IV Circunscripción por iniciarles una causa en medio de un conflicto institucional que inició por la celebración del juicio político contra Daniel Brito, ex secretario de Economía del municipio de Villa La Angostura.
Brito fue destituido por presuntas irregularidades en su gestión, durante una sesión del Concejo Deliberante el día 15 de enero de este año, sesión que en realidad el propio funcionario intentó frenar el día anterior mediante una medida cautelar que solicitó a la Justicia y que le fue otorgada por el juez Matías Nicolini.
La realización de esa sesión fue tomada como una desobediencia de parte de los concejales, y por ello Brito presentó la denuncia penal contra los involucrados ante el Ministerio Público Fiscal, cuyo representante -Rubio- de inmediato dio inicio a una investigación y ordenó allanar el Concejo Deliberante.
Este accionar fue interpretado por los legisladores como un hecho "de suma gravedad institucional y en violación del artículo 267 de la Constitución de la Provincia del Neuquén, por constituir un apartamiento severo de las reglas de conducta de los agentes pertenecientes al Ministerio Público Fiscal y una desviación en el cumplimiento de los fines y principios que la Ley N° 2893 establece".
En este sentido, le reprocharon "haber asumido una posición sobre el fondo del asunto, sin verificar los extremos vinculados a la ausencia de notificación de la medida ordenada a los concejales (...), lo que importa un mal desempeño en sus funciones, situación que se agrava por la existencia de un conflicto de poderes".
Como parte de sus argumentos, los legisladores aseguraron que nunca recibieron la notificación de la cautelar que invalidaba la sesión.
Sin embargo, surge de la resolución que los letrados patrocinantes de Brito aseguraron haber notificado a las autoridades del Concejo Deliberante sobre la existencia de la medida cautelar, mediante correo electrónico del día 14 de enero y mediante acta notarial la mañana del mismo 15.
De hecho, el expediente señala que la secretaria parlamentaria declaró haber recibido dicha notificación el día 14 y haberla comunicado al presidente del Concejo, y de hecho presentó evidencia para apoyar su versión. Los legisladores, en cambio, dijeron que se anoticiaron el mediodía del día 15, luego de finalizada la sesión, porque la secretaria se había ausentado por razones de salud.
Lo que también los complica es que, según el Acta de Sesión secuestrada en la diligencia realizada en el recinto como parte de la investigación, la reunión de ese día inició antes de las 8 de la mañana, lo que se interpretó con el fin de evitar la notificación notarial.
Por esto es que la presidenta de la Comisión, la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Soledad Gennari, señaló en la resolución que "no es posible sostener que hubo un 'desconocimiento supino del derecho' respecto de la medida cautelar analizada" y que "no se advierte que el Sr. Fiscal Jefe haya violado o transgredido los principios de legalidad".
"Tampoco puede inferirse que haya mediado 'persecución judicial y política' respecto de las y los Concejales imputadas/os, representantes del pueblo de Villa La Angostura (...) No hay elementos fácticos que indiquen que el Sr. Fiscal Jefe actuó y/o dirigió los actos con la aviesa intención de "perseguir" a las autoridades legislativas municipales. Los datos recabados en la investigación -y muy especialmente, los aportados por quien se desempeña como Secretaria del Concejo Deliberante- dan base para sostener que habría existido la desobediencia a la orden judicial impartida por el Dr. Nicolini", reza el escrito.
Gennari votó por desestimar la denuncia contra Rubio y así también coincidieron los restantes miembros de la Comisión; el diputado Fernando Gallia y la abogada Victoria Magdalena Sandoval.
Una segunda denuncia por la intervención del fiscal jefe en una causa sobre la usurpación de un inmueble, también fue desestimada y así finalmente se declaró la inadmisibilidad de un jury contra el funcionario.