De poco sirvió la investigación desarrollada por el personal de la Sección Cipolletti de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Federal, que en el 2008 hizo un seguimiento de narcos de la región y secuestró una encomienda con droga en la terminal. El tiempo pasó y finalmente el Tribunal Oral Federal de Neuquén capital se vio obligado a desincriminar a uno de los imputados y declarar el cierre de la causa.
Fueron casi diez años de idas y venidas en los pasillos de la Justicia federal, y de varios trámites como pericias y citaciones de personal policial y testigos. Aunque la cantidad de droga secuestrada no fue importante, un poco más de 100 gramos de cocaína de alta pureza, reveló las operaciones tipo hormiga que realizaban dos neuquinos y que uno de los puntos donde obtenían los estupefacientes era la terminal cipoleña, donde retiraban paquetes enviados desde Buenos Aires, explicaron fuentes judiciales.
Días atrás, con razón, la fiscalía federal neuquina propuso el sobreseimiento de la persona involucrada debido a que se estaban afectando sus garantías constitucionales de “ser juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas”. En concreto, hizo referencia al paso de nueve años desde la apertura de la causa y que se debía declarar la prescripción de la acción penal.
Asimismo, la parte acusadora reconoció la responsabilidad del Poder Judicial federal en el fracaso del proceso por “la dilación debida a la aletargada actividad del propio sistema judicial”.
A la hora de dar su parecer, el presidente del TOF neuquino, Marcelo Grosso, mostró sus coincidencias con la fiscalía y declaró extinguida la acción penal por presunta comercialización de estupefacientes y, de forma simultánea, sobreseyó al acusado, de nombre Walter.
La primera indagatoria del acusado se había realizado el 25 de agosto de 2008.
Críticas
El “desinterés del Estado”
De manera enfática, el presidente del TOF indicó que “no puede achacársele al encartado O. la demora en este proceso por su situación de rebeldía, sobre todo teniendo en cuenta la demora en la Justicia y el desinterés que ha demostrado el Estado en la persecución penal en este proceso”.