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Insisten en una medida de fuerza ampliada y buscan que la central obrera se sume al plan de lucha contra la reforma laboral.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y agrupaciones sindicales alineadas anunciaron que este martes definirán formalmente la convocatoria a un paro general de 24 horas acompañado de 12 horas adicionales de movilización, que pretenden que se sumen a la estrategia de lucha contra la reforma laboral que el Senado nacional trataría esta semana.
La propuesta, impulsada por los sectores más críticos del movimiento obrero, busca intensificar la protesta tras el reciente paro general que encabezó la Confederación General del Trabajo (CGT), en un contexto de fuerte disputa interna sobre cómo enfrentar los cambios propuestos por el Gobierno nacional.
Los sindicatos que integran el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu), con la UOM al frente junto a Aceiteros, Pilotos y organizaciones de las dos CTA como ATE, se reunirán este martes para definir los detalles de la medida de fuerza. La propuesta es realizar un paro de 24 horas seguido por 12 horas de movilización, que incluiría marchas y concentraciones frente a puntos estratégicos de la ciudad de Buenos Aires.
Este plan de acción se plantea en paralelo a la actividad parlamentaria, dado que el proyecto de reforma laboral ya obtuvo media sanción en la Cámara alta y se prevé su aprobación definitiva en una sesión del Senado. La resistencia sindical apunta a mostrar el rechazo del movimiento obrero al contenido principal de la iniciativa oficialista.
La propuesta de un paro extendido también lleva implícita una solicitud explícita a la conducción de la CGT para que adhiera y amplíe la protesta. Si bien la central sindical ya convocó a un paro general la semana pasada —que se ejecutó el jueves anterior con un alto nivel de acatamiento—, su cúpula no ha definido aún el esquema de acciones posteriores, más allá de recurrir a la judicialización del proyecto con argumentos de inconstitucionalidad.
Una fuente cercana al FreSu señaló que la intención de los sectores críticos es “confirmar la decisión de un paro y movilización” para enviar una señal unificada del movimiento obrero ante la inminente definición legislativa. La tensión entre las facciones más combativas y los dirigentes dialoguistas de la CGT se expresa tanto en la modalidad de protesta como en la relación con el Gobierno.
Mientras el sindicalismo argentino debate sus pasos a seguir, la CGT recibió en las últimas horas respaldo de organizaciones internacionales de trabajadores. En particular, la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), con sede en Londres, manifestó su “total solidaridad” con la huelga general y criticó el contenido de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo nacional.
Según el comunicado, la ITF considera que la reforma incluye medidas que debilitan la negociación colectiva, restringen el derecho a huelga y reducen las protecciones frente a despidos injustificados, retrotrayendo derechos conquistados durante décadas de lucha sindical. Este apoyo internacional amplifica el reclamo interno y fortalece la percepción de que las acciones de protesta son parte de una resistencia más amplia frente a lo que organismos sociales consideran un retroceso en estándares laborales.
El paro general convocado por la CGT la semana pasada —previo a la discusión parlamentaria— tuvo un alto nivel de acatamiento, según destacaron desde la central obrera y reconocieron los organismos internacionales. La medida afectó el transporte y otros sectores productivos, poniendo de relieve la capacidad de movilización del movimiento sindical.
Sin embargo, a medida que se acerca la votación en el Senado, crece la presión interna por definir una estrategia más firme. Los sectores críticos sostienen que el Gobierno no ha mostrado disposición al diálogo social genuino y que las reformas propuestas no sólo alteran el marco laboral, sino que ponen en riesgo derechos consolidados.
El proyecto de reforma laboral, impulsado por el oficialismo, busca introducir cambios en aspectos clave del mercado de trabajo, incluyendo la flexibilización de condiciones, la modificación de reglas sobre contratación y despido, y ajustes en la negociación colectiva. Sus impulsores argumentan que las reformas son necesarias para incentivar la inversión y la creación de empleo.
Sus detractores, en cambio, advierten que la reforma podría erosionar las protecciones laborales y debilitar el poder de negociación de los sindicatos en favor de los empleadores, afectando la estabilidad y seguridad de los trabajadores. Estas diferencias de enfoque alimentan el debate político y social en torno a la medida de fuerza que pretende consolidarse esta semana.
Con la reforma laboral en la etapa final de su tratamiento legislativo y el movimiento sindical esforzándose por unificar posturas, el escenario se presenta como una prueba de fuerza entre el Gobierno, los sindicatos y la opinión pública. La definición del paro de 36 horas por parte de la UOM y sus aliados, así como la respuesta de la CGT, serán claves para determinar la intensidad del conflicto en los próximos días.